Desde hace seis meses, la secretaría académica de Amalio Belmonte, en la Universidad Central de Venezuela, está invadida de solicitudes de certificación de notas y diplomas de estudiantes que quieren irse a otros países. Entre ellos están los cum laude, a quienes Belmonte ha intentando convencer, sin éxito, de que se queden trabajando en la universidad. “Lamento que perdamos ese capital humano pero hay razones válidas que explican esa actitud”, afirma. Entre las que se fueron está su propia hija, Karina Belmonte, productora audiovisual que hoy reside en Miami. “El modelo político les impide a los jóvenes vislumbrar un futuro. El discurso oficial niega el mérito intelectual, el ascenso social y cree que la pobreza es una virtud”.
elpais.com / Catalina Lobo-Guerrero
Además de las diferencias políticas con la Revolución Socialista Bolivariana del Siglo XXI —el 90% de los venezolanos que votan en el exterior lo hace por la oposición, según los últimos resultados electorales—, hay otros factores sociales y económicos que han contribuido al éxodo: el miedo al secuestro exprés o a morir en medio de un atraco callejero, a no encontrar medicamentos para una enfermedad crónica o a perder la empresa ante la falta de insumos.
Pero como lo señala Magaly Sánchez, doctora en sociología urbana e investigadora sénior de la Universidad de Princeton, los venezolanos como ella también salen para lograr mejores salarios, más oportunidades de financiación para sus proyectos, ambientes académicos propicios o para crecer empresarialmente.
Se calcula que hay más de un millón de venezolanos en el exterior. Son cifras extraoficiales construidas a partir de los censos de otros países y de organismos multilaterales, porque el Gobierno no publica los datos migratorios desde 2000. Según Iván De La Vega, sociólogo y profesor de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, la emigración de los cerebros venezolanos empezó a partir de la crisis económica y política de los ochenta, pero aumentó después de la llegada de Chávez al poder, sobre todo a partir de 2001 y 2002 cuando el presidente ordenó casi 24.000 despidos de la élite científica y técnica en la estatal petrolera PDVSA y otras compañías energéticas.
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