El paro que puso en jaque al turismo en uno de los monumentos naturales más importantes del planeta terminó este lunes luego de una larga ronda de negociaciones, en la que la Cámara de Turismo del estado Bolívar intercedió en el conflicto que enfrentó a los operadores del lugar y la comunidad indígena de Canaima contra el Gobierno nacional, publica Correo del Caroní.
La paralización de las actividades tiene su origen en el recorte y suspensión del despacho de combustible por parte de Pdvsa. Tanto las empresas prestadoras de servicios (excursiones fluviales al Salto Angel, entre otras) como la comunidad del sector occidental de Canaima expusieron en detalle en qué emplean el cupo asignado de combustible. Ante esto la representación gubernamental sospecha que algunas operadoras abastecen de gasolina a los mineros ilegales.
“Desde marzo planificamos este viaje con unos amigos venezolanos. Llegamos hoy (lunes) y el operador nos dijo que no podían llevarnos hasta el Salto Ángel porque no tenían combustible. Que podían llevarnos por aire para que lo viéramos… nos decepcionamos mucho”, contó Lorena Biot, quien voló con su pareja desde España para conocer los parques nacionales Canaima y Los Roques.
Pedro y Yeniré, los anfitriones de la pareja española, también se desilusionaron al enterarse del impedimento para visitar la cascada más alta del planeta porque las operadoras turísticas del sector occidental de Canaima paralizaron -desde el domingo- las excursiones fluviales por el racionamiento, y hasta suspensión, del cupo de combustible asignado por Pdvsa mensualmente.
“A Lorena y Antonio el pasaje, ida y vuelta, desde España les costó dos mil euros. Nosotros somos sus anfitriones acá y costeamos el resto del viaje… sólo estar en Canaima nos salió en 54 mil bolívares”, agregó Pedro en las instalaciones de Servicios Turísticos Morichal, una de las 16 empresas de turismo que junto a la comunidad indígena de la laguna de Canaima, se sustenta de esta actividad.
No sólo el turismo
La decisión de Pdvsa no sólo afectó a las actividades turísticas, la comunidad indígena también vive una situación extrema. “El 9 de septiembre, cuando fuimos a buscar la gasolina en La Paragua, los del REDI Guayana (Región de Defensa Integral Guayana) nos dijeron que no estábamos en la lista”, relató el capitán Leonardo Martínez.
Tras agotarse sus reservas, y no poder recibir ayuda de las operadoras, la capitanía no pudo hacer nada para solventar la situación de las 18 comunidades fluviales y terrestres que dependen de ella. “Más de 100 niños de Mayupa y Sarimpatöy no pueden venir a clases o recibir clases, porque no hay como trasladarlos por río a ellos o a los maestros. Tampoco tenemos como movilizar a enfermos”, agregó.
Otras de las repercusiones fueron el transporte dentro de la comunidad, la recolección de desechos sólidos y en la ayuda que los operadores turísticos prestan a la comunidad indígena. “No estuviera acá, prestando mi apoyo, si supiera que las operadoras ayudan a la minería ilegal”, dijo Martínez con respecto al detonante del Gobierno para suspender la entrega de los 16 mil litros de combustible que recibían mensualmente.
“No somos mineros, ni los ayudamos”
Durante una reunión sostenida entre la capitanía del sector occidental de Canaima, los representantes de las 16 empresas turísticas y la Cámara de Turismo del estado Bolívar, los segundos hicieron énfasis en que no ayudan a los campamentos ilegales apostados en el río Carrao y en el sector Yuri. “No somos mineros, ni los ayudamos”, comentó Javier Cubillos, de Tiuna Tours.
Explicó que cada tambor de combustible les cuesta aproximadamente 200 bolívares y que transportarlos desde La Paragua hasta Canaima en un Antonov les sale 35 mil bolívares. “Un tambor se vende a los mineros por 15 mil bolívares y resulta que con un tambor nosotros llevamos 10 turistas al Salto Ángel… y ese paseo nos registra unos 100 mil bolívares”, manifestó sobre la rentabilidad del hidrocarburo.
Cándida Ángel, presidenta de la Cámara de Turismo del estado Bolívar, resaltó la legalidad de las empresas de turismo y los operadores aseguraron estar prestos a ponerse al día con toda la documentación pertinente y a ser supervisados por las instituciones del Gobierno, siempre y cuando los organismos públicos cooperen y generen soluciones.
“Vinimos a apoyar y a orientar a los prestadores de servicios en Canaima. Además de la conciliación entre sector público y privado, vinimos para orientar a estos últimos en la parte legal (…) y para hacerles saber que desde hace una semana se está trabajando con el Gobierno con el Plan Cero Contrabando, gestión turística-comunidad-impacto ambiental”, explicó la presidenta de la Cámara de Turismo del estado Bolívar.
Respecto a la solución del problema generado por la reducción de combustible, Ángel precisó que se hizo el enlace con las autoridades para que visiten Canaima y dialoguen con los afectados. “La explicación que nos dieron es que hay una breve contraloría en Pdvsa y que hay escasez de despacho de hidrocarburo. También nos pidieron un censo para garantizar el cupo de quienes operen legalmente”, acotó.
También comentó que hay sospechas de que algunas operadoras están abasteciendo de combustible a los mineros ilegales y que es necesario determinar la función real de cada empresa de servicios. “Ellos están de acuerdo con ese censo y también ponerse al día con la legalidad de cada empresa (…) es necesario saber quién opera legalmente y sancionar a quienes no estén dispuestos a legalizarse”, finalizó.
Solución: El diálogo
Durante su intervención, el capitán de aviación y operador turístico, Julián Rodríguez, comentó que la única vía al conflicto es el diálogo. Más que buscar culpables o crear más problemas, su planteamiento apuntaba a la conciliación y a entender que el Gobierno no es el único responsable de lo que hoy en día pasa en Canaima. “Nosotros también tenemos responsabilidad y debemos aceptarlo”, reiteró.
El transcurrir de las horas le dio la razón. A las 4:00 de la tarde arribó a Canaima una comisión gubernamental, conformada por una comisionada del Ministerio para el Turismo, un representante indígena y otro de la Gobernación del estado Bolívar, quienes escucharon las peticiones de los operadores y los invitaron a una reunión que tendrá lugar hoy en la sede del REDI Guayana, en Puerto Ordaz.
“Logramos lo que pedíamos. Mañana (hoy) nos reuniremos con (Andrés) Izarra y los del REDI para buscarle solución a este problema. Llevaremos el inventario de cada operadora para que entiendan los gastos de combustible que tenemos. Se levanta el paro… le daremos el beneficio de la duda al Gobierno”, manifestó Gregorio Rivas, de Servicios Turísticos Morichal, al finalizar el encuentro.
Tras enterarse del acuerdo y del cese de la paralización de las operadoras turísticas, Lorena y su pareja, así como sus anfitriones venezolanos, aplaudieron que la problemática llegara a buen puerto; lo que permitirá que “las expectativas del viaje se mantengan y podamos conocer lo que vinimos a conocer: el Salto Ángel y los demás paraísos que abarca este hermoso e impresionante país”.