Policías a caballo y perros entrenados se sumaron a la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos que se realiza en las inmediaciones de la ciudad de Iguala, luego de que se notificó que los restos encontrados en las primeras fosas clandestinas halladas en la zona no correspondían a ninguno de los alumnos.
Al mismo tiempo se analizan los restos contenidos en otro grupo de fosas también encontradas en Iguala, a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de México y donde desaparecieron los jóvenes después de ser detenidos por policías municipales y entregados a un cártel de las drogas.
Las tareas para intentar dar con el paradero de los estudiantes en una zona rural controlada por el narcotráfico podrían develar aún más horrores.
A medida que avanza la búsqueda se han localizado más fosas que podrían contener muchos más cuerpos que el número de alumnos desaparecidos.
El miércoles se ubicó al menos una fosa más cerca de Iguala, confirmó un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa. El funcionario no dijo de cuántas se trataba ni dio detalles de su contenido.
Se limitó a señalar que peritos de la procuraduría federal ya trabajan en el lugar para determinar el alcance del hallazgo y que su localización fue posible gracias a la información proporcionada por vecinos.
El mismo funcionario informó que la fiscalía mexicana arrestó el miércoles en el puerto de Acapulco a Raúl Núñez Salgado, presunto operador financiero del grupo criminal Guerreros Unidos, el cártel local vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes.
Cuando el gobierno federal descartó que entre los 28 cuerpos encontrados en las cinco primeras fosas alguno perteneciera al grupo de estudiantes, surgieron preguntas sobre quiénes son esas víctimas y cuántas personas en esa zona del sur de México han sido asesinadas de manera silenciosa.
El presidente Enrique Peña Nieto, que desde hace poco más de una semana ha hablado prácticamente a diario del tema, reconoció que la desaparición de los jóvenes pone a prueba a México, cuya imagen de relativa mejoría en materia de seguridad pública se ha visto sacudida dentro y fuera de sus fronteras.
“Estos lamentables hechos son un momento de prueba para las instituciones y para la sociedad en su conjunto”, dijo el mandatario el miércoles en un acto público en la capital del país.
La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero señaló en un comunicado que a la búsqueda en la zona rural de Iguala se sumaron policías a caballo para entrar a lugares de difícil acceso. También se incorporó a un número no revelado de perros de rastreo.
El miércoles se repitieron las manifestaciones en apoyo a los estudiantes de Guerrero en distintos puntos del país. En la Ciudad de México, diversas universidades llevaron a cabo paros y mítines, y por la tarde cientos de personas exigieron justicia frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República. Durante esta protesta, un grupo de radicales arrojó piedras, botellas y material incendiario al edificio, que no llegó a quemar nada del interior pero sí rompió varios ventanales.
Por la noche, representantes de varias organizaciones sociales reunidos en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde estudiaban los desaparecidos, anunciaron diversas acciones de protesta que comenzarían el jueves con la toma de 82 ayuntamientos de Guerrero de forma indefinida hasta que los 43 estudiantes sean presentados con vida, dijo Juan Velásquez Cruz, miembro del colectivo Frente Popular.
El viernes habrá manifestaciones en el puerto de Acapulco y los activistas convocaron a un paro nacional y bloqueos en autopistas para el próximo 22 de octubre.
En el Senado de la República, el Partido Acción Nacional (derecha) presentó una petición para la desaparición de poderes en el estado de Guerrero (gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática), a fin de que se inicie un proceso de pacificación en la entidad y se investiguen los sucesos de Iguala, informó la cámara alta en un comunicado.
Estos actos coincidieron con la presentación en Chilpancingo del informe final de la Comisión de la Verdad de Guerrero, que instó al estado a que tipifique el delito de desaparición forzosa y reiteró la necesidad de reparación del daño a las víctimas de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar en la década de 1970 a manos de las fuerzas armadas mexicanas.
El martes, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que ninguno de los cuerpos de las cinco fosas era de los estudiantes.
“Hay una luz de esperanza de que están con vida”, comentó Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso, de 19 años, uno de los desaparecidos. El joven acababa de matricularse en la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en la zona de Ayotzinapa de Tixla, una localidad en el estado sureño de Guerrero.
No obstante, los peritos que participan en el proceso de identificación a petición de los familiares, el equipo de antropólogos forenses argentinos, afirman que el proceso de confronta de los restos de las primeras fosas con el ADN de las familias “todavía no ha concluido”, dijo Vidulfo Rosales, representante legal de las familias.
“Tampoco podemos descartar cualquier posibilidad. Vamos a esperar los resultados finales”, señaló.
Los forenses oficiales continúan mientras tanto con las pruebas a los demás restos encontrados y con el trabajo en la décima fosa común localizada, cuyo hallazgo confirmó el martes en una rueda de prensa el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Además, dijo que fueron detenidos otros 14 policías locales que confesaron haber participado en la desaparición, para llegar a casi 50 personas detenidas, en su mayoría agentes.
Los últimos 14 son policías de Cocula, municipio vecino a Iguala, donde se produjeron los enfrentamientos. Tanto el alcalde como el jefe de policía de Iguala siguen prófugos y están acusados de tener nexos con el cártel de Guerreros Unidos. La pandilla controla el tráfico de drogas en Guerrero y Morelos.
Murillo Karam señaló que las autoridades aún no han identificado a los autores intelectuales o el móvil para el ataque. AP