La Síndico Procurador del municipio Sucre, Jessica Dolores, informó que en representación de la Alcaldía, introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de oposición para dejar claras las razones por las cuales no se está de acuerdo con la decisión tomada el pasado 14 de octubre por el máximo tribunal del país.
La abogado recalcó que el máximo juzgado incurrió en grandes fallas. “La Sala Constitucional no es competente cuando se trata de temas de carácter local por lo que consideramos tuvo que declarar la demanda inadmisible. Nos llama la atención que la Sala Constitucional se ha declarado incompetente para conocer acciones similares, pero cuando se trató de Carlos Ocariz si quiere conocer del caso. Ocurrió con recursos recientes por intereses difusos y colectivos intentados contra Cadivi y el Seguro Social y el tribunal los declaró inadmisible”.
La Síndico expresó que la Alcaldía del municipio Sucre no desconoce los poderes que tienen los juzgados del país –en este caso el Tribunal Supremo de Justicia- para dictar medidas cautelares, pero considera que la Sala Constitucional no verificó las aristas de incumplimiento entabladas en la demanda. “Hay imprecisiones en la redacción de la sentencia. La Sala no deja claro los términos en los que será evaluada la recolección de desechos durante el lapso establecido de 20 días. Es decir, que si entre una ruta y otra algún vecino dispone de un desecho, el Tribunal pudiese decir que estaríamos incurriendo en incumplimiento de la medida. No está explicado qué es lo que quiere la Sala”, dijo Dolores.
Dolores asegura sentir preocupación por la ausencia de pruebas en el dictamen. “Debería haber al menos un elemento que motive a la Sala a emitir esa sentencia. Son conjeturas o suposiciones los que soportan la medida. No hemos conocido de hechos específicos”.
La representante legal de la alcaldía de Sucre señaló que el ayuntamiento continúa prestando el servicio de recolección de desechos sólidos, empleando todos los recursos materiales y humanos que tiene a su disposición para garantizar se cumpla con este servicio público. “Es ilegal la sentencia y estamos indefensos, sin embargo, seguiremos trabajando para el Municipio. Todos los esfuerzos y los recursos se destinan a reforzar el servicio de de aseo urbano”.