Nuevamente el país asiste al bochornoso espectáculo de un juicio a todas luces destinado a desacreditar a dirigentes de una oposición que da muestras de constituirse en una opción seria de poder en el espectro político de la nación. De nuevo el chavismo activa sus perversos mecanismos para consumar la celada iniciada desde hace dos años contra el dirigente de Primero Justicia, diputado Juan Carlos Caldera, y la cual ha sido extendida hacia otros dirigentes que hoy se perfila como principal partido de oposición.
Caldera es colocado en este momento como el objetivo inmediato de una vergonzosa maniobra del poder central, manipulada a través de los tentáculos del poder judicial, con el único propósito de quebrantar la voluntad de este puñado de dirigentes que marcha a pasos agigantados hacia la reconquista de la institucionalidad secuestrada.
Carlos Oscariz, el alcalde del municipio Sucre y los diputados Ismael García Y Carlos Eduardo Berrizbeitia, así como los gobernadores Henrique Capriles, Morel Rodríguez y Pablo Pérez, forman igualmente parte de ese grupo de venezolanos que deben soportar el acoso de un régimen que no encuentra forma de distraer la atención del público hacia problemas inventados; porque los auténticos, los de evidente y comprobada corrupción le saltan a la vista y son denunciados desde dentro de las propias filas del psuvismo.
No ha podido aún el régimen explicar al país qué paso con la millonada de dólares botados a la basura en el sonado caso “pudreval”; ni del sobreprecio pagado a una pulpería argentina por un arroz en cuya negociación se llegó a nombrar a una hija del fallecido Hugo Chávez; cómo tampoco se explica la malversación de fondos en costosas comidas en el exterior con la participación de Maduro y su combo, ni porqué Venezuela está haciendo el ridículo de comprar petróleo en el exterior, pese a su permanente alharaca de país con las mayores reservas de crudo en el mundo.
Deberá corresponder al Ejecutivo explicar cómo manejará el presupuesto chimbo presentado al Congreso, con una baja del precio petrolero que reducirá al dispendioso Estado venezolano las posibilidades de continuar el festín con los dólares de la nación.
Como lo he señalado en otras oportunidades, la nueva cortina de humo se está tejiendo en estos momentos, con la anuencia de un Tribunal Supremo de Justicia que deberá ocupar su valioso tiempo en buscarle tres patas al gato, con la ridícula excusa de un presunto acto de corrupción representado en un pobrísimo aporte de recursos para la campaña de Capriles, a través del diputado Caldera.
Afortunadamente, contamos con la férrea voluntad de un parlamentario que ha sabido dar la cara ante la ilegalidad de un juicio absurdamente orquestado; de una oposición consciente de la inmoralidad gubernamental y su inmensa capacidad manipuladora; y de una actitud realmente ejemplar de un pueblo que evita caer en la tentación de la violencia a la que se le pretende empujar, porque sabe que se avecinan tiempos de fuertes luchas que permitirán devolver a los venezolanos honestos el poder hoy arbitrariamente usufructuado por un grupete de desenmascarados farsantes.
@JJMorenoA