El promedio de los últimos años en Venezuela es el de un funcionario de seguridad asesinado por día. Generalmente el móvil de estos homicidios es el robo del arma de reglamento y/o la motocicleta. La mayoría de estos crímenes terminan dentro del inmenso índice de impunidad que existe en el país. Desde el gobierno nacional nadie se pronuncia sobre esta alarmante realidad ni tampoco se señala una estrategia para evitar que estos casos se sigan presentando. Los policías lucen completamente desamparados.
El robo ocurrido esta semana en la sede de la Policía Nacional de Guarenas, no es un hecho aislado. En lo que va de año se han producido por lo menos otros tres casos similares (en la comisaría de San Pedro de los Altos de la Policía de Miranda, en la Policía de Vargas y en el Batallón Ayala de Fuerte Tiuna), en los cuales la delincuencia se ha apoderado de unas 100 armas de fuego. Con estas acciones se incrementa el arsenal que utiliza el hampa para cometer graves delitos contra la ciudadanía.
Los policías no solo deben soportar ser víctimas predilectas de los delincuentes, sino que además deben trabajar en condiciones verdaderamente paupérrimas. Casi todos los funcionarios de seguridad del Estado ganan un salario menor a la canasta alimentaria. Asimismo, la mayoría debe laborar sin contar con los elementos mínimos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Por este tipo de circunstancias hoy son pocos los que quieren entrar a la carrera policial, lo que dificulta la superación del actual déficit.
Pero este problema tiene otras aristas. En muchas oportunidades los policías no son las víctimas sino los victimarios en los hechos delictivos. Cuando Tarek El Aissami fue ministro de Interior y Justicia, reconoció que entre el 15% y el 20% de los crímenes que se cometen en Venezuela son ejecutados por funcionarios de seguridad (un ejemplo de esta realidad lo constituye el caso del asesinato del diputado Robert Serra, en el cual se señala que participaron 3 policías del municipio Libertador de Caracas). La última encuesta Gallup reflejó que el 74% de los venezolanos desconfía de los integrantes de los cuerpos policiales del país. Esto trae, entre otras consecuencias, un aumento del porcentaje de delitos que no son denunciados ante la autoridad.
Muchos funcionarios policiales también son protagonistas de violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos. En el año 2013 COFAVIC denunció la comisión de 669 ejecuciones extrajudiciales, 89 casos de torturas y tratos crueles e Inhumanos, y 43 detenciones arbitrarias. En estos delitos existe un amplio patrón de impunidad, inclusive superior al correspondiente a los hechos punibles ordinarios.
El gobierno nacional debería diseñar un conjunto de estrategias para evitar que los delincuentes sigan asesinando policías, pero la indolencia demostrada desde el poder indica que hoy no existe voluntad para ello. Asimismo, los funcionarios que están involucrados en hechos delictivos deben ser inmediatamente excluidos de los cuerpos de seguridad. Optimizar la actividad policial constituye un elemento imprescindible para lograr la disminución de los índices criminales en el país.
Twitter: @luisizquiel