El portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, opinó este martes que no se puede prohibir la simbólica votación sobre la independencia prevista para el 9 de noviembre en esta región y que el ejecutivo español impugnará ante el Tribunal Constitucional.
Con el referéndum suspendido por este tribunal tras un recurso de Madrid, el presidente catalán, el nacionalista Artur Mas, anunció el 14 de octubre este nuevo formato de votación sin censo oficial ni junta electoral, cuyo resultado difícilmente puede ser representativo.
Pero conocedor de la oposición del gobierno español de Mariano Rajoy a permitir un escrutinio sobre la independencia en esta rica región nororiental, el ejecutivo catalán no convocó oficialmente la votación y evita aprobar ningún documento oficial que pueda ser impugnado, mientras deja su organización a manos de ciudadanos voluntarios.
“Esto no puede ser suspendido. No se puede prohibir”, dijo el portavoz catalán, Francesc Homs, en el sentido de que su gobierno no ha realizado ningún acto jurídico para organizar esta votación a la que están llamados 5,4 millones de catalanes.
“¿En el siglo XXI, en un Estado que se autodefine democrático y de derecho, no se puede ser voluntario de una causa? ¿Se puede prohibir ser voluntario?”, se preguntó Homs.
“No se puede prohibir todo ni se puede impugnar todo”, añadió, acusando a Madrid de aplicar métodos “de hace 200 o 300 años”.
Inicialmente Rajoy, para quien la Constitución no permite a ninguna región decidir unilateralmente su futuro, celebró la cancelación del referéndum y su sustitución por esta simbólica votación.
Sin embargo, el lunes su ejecutivo anunció en un comunicado que habían iniciado los trámites para “la impugnación ante el Tribunal Constitucional del conjunto de actuaciones que ha puesto en marcha” el gobierno catalán para celebrar el 9 de noviembre esta consulta, bautizada con el ambiguo nombre de “proceso de participación ciudadana”.
El recurso de impugnación debería ser aprobado el próximo viernes, a diez días del escrutinio, y la próxima semana podría ser admitido a trámite por el alto tribunal, lo que implicaría su suspensión cautelar inmediata.
“El posicionamiento del gobierno español no tiene nada que ver con el derecho o la legalidad, sino que está relacionada con una posición obstruccionista contra la voluntad del pueblo de Cataluña”, dijo Homs. AFP