Organizaciones civiles denunciaron ante la CIDH un aumento de la violencia, la impunidad, la pobreza en Venezuela, cuyo Gobierno volvió a arremeter contra la Comisión por estar “parcializada” en su contra y a exigir su “refundación”, reseña EFE.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinó en tres audiencias la situación de derechos humanos en Venezuela y denuncias sobre una presunta falta de independencia judicial y obstáculos a la libertad de expresión en el país.
La directora de la organización Cofavic, Liliana Ortega, indicó que la violencia y la impunidad son dos “ejes transversales para entender la situación en Venezuela”, y que ambas han aumentado en el contexto de las protestas que se produjeron en el país entre febrero y junio de este año.
“Venezuela es el único país del mundo donde la tasa de homicidios ha tenido un incremento sostenido desde 1995”, sostuvo Ortega, y dijo haber documentado “unos 892 casos de violación al derecho a la vida y desapariciones forzadas” entre enero y septiembre de este año.
Ortega aseguró que el Ministerio público de Venezuela “abrió este año 189 investigaciones en relación a las propuestas de febrero a junio”, pero “en el 80 % de los casos no se continuó con el proceso”.
“El único modo para afrontar la impunidad es realizar investigaciones transparentes e inequívocas que puedan dar al mensaje a quienes cometen estos delitos de que el Estado venezolano no los tolera”, sostuvo la activista.
Por su parte, el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado, aseguró que, a pesar de que el expresidente de Venezuela Hugo Chávez “hizo de reducción de pobreza una prioridad, lamentablemente esa no es la situación” que se vive hoy en Venezuela.
“En 2013 la pobreza aumentó un 6 %, una cifra bastante significativa. La inflación es del 56 %, y en alimentos del 100 %. Todos sabemos que la inflación afecta fundamentalmente a los sectores más pobres”, argumentó Alvarado.
En otra audiencia, la Asociación Civil Un Estado de Derecho (UED) aseguró que “hay hechos que demuestran la falta de independencia del poder judicial y que está plegado al poder político”, algo que negó rotundamente el representante del Gobierno, Luis Damiani.
“Esto representa una gravísima acusación, afirman que el poder judicial venezolano produce sentencias no ajustadas a criterios jurídicos (…). Los jueces están únicamente sujetos a la ley”, subrayó Damiani, un profesor de la Universidad Central de Venezuela que habló en apoyo a los representantes del Gobierno venezolano.
Por último, una última sesión incluyó denuncias de que en Venezuela “han disminuido los espacios para la crítica” en los medios de comunicación, como “consecuencia de la persecución y el acoso por razones políticas y no profesionales”, en palabras de Marco Ruiz, del Sindicato Nacional de Trabajadores en la Prensa.
Al respecto, el abogado adscrito al Estado venezolano Luis Britto afirmó que “en Venezuela hay la mas absoluta libertad de expresión del mundo, y “toda esta prensa” que denuncia lo contrario “es cerril y absolutamente hostil al Gobierno.
El Estado de Venezuela reiteró además las críticas a la CIDH que ha emitido en varias audiencias en los últimos años, dado que acusa a la Comisión de parcialidad y de haber respaldado el intento de golpe de Estado contra el Gobierno de Hugo Chávez en 2002.
“Es evidente que la Comisión y la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) se han parcializado totalmente en contra de Venezuela, agrediendo a un Gobierno que es soberano y democrático”, dijo el representante del Gobierno venezolano para derechos humanos, Germán Saltrón.
Al respecto, el comisionado Felipe González instó al Estado a permitir una visita del pleno de la CIDH a Venezuela para recabar información sobre la situación de derechos humanos, algo que ha Caracas rechaza debido al caso del intento de golpe de Estado contra Chávez.
“La tendencia que se ha visto en los Estados de OEA en los últimos años ha sido de accesibilidad creciente a visitas de la Comisión. Es excepcional que no se le permita visitar un país”, afirmó Felipe González, uno de los siete miembros de la CIDH.
“El problema de la Comisión es que tiene que informar sobre la situación en Venezuela a través de audiencias y documentos de la sociedad civil. No cabe duda de que sería mucho mejor para la Comisión poder realizar una visita al país”, agregó.
EFE