En primer lugar, según el informe de la ONG Transparencia Internacional, para 2013 Venezuela figura entre los 15 países más corruptos del mundo. Ese mismo estudio señaló que en América somos percibidos como el segundo Estado más corrupto (después de Haití). Un dato curioso que será útil más adelante: El documento revela que la corrupción se concentra fundamentalmente en tres áreas: funcionarios públicos, cuerpos armados y/o policiales; y en el sistema judicial. Corolario de lo anterior, la comunidad internacional no nos percibe como un país en el que sus habitantes “viven honestamente”.
Respecto del segundo precepto romano “no dañar al otro”, una revisión detallada del discurso político (meta usted allí mensajes por cadena de radio y televisión, declaraciones en rueda prensa y como no, las intervenciones en la Asamblea Nacional) deja en evidencia un rencor que se expande sin fronteras, el ejercicio del poder con fines distintos al correcto manejo de la cosa pública y una violencia desenfrenada que encuentra reflejos en todos los espacios de la vida cotidiana. Más allá de los complejos a flor de piel, la sembrada división social y la saña en las actuaciones de los garantes del orden público (que ya es bastante que decir) hay un indicador demoledor de este principio: Las continuas violaciones de los derechos humanos fundamentales registradas en el último año.
En tercer lugar, “darle a cada quien lo suyo, a cada quien lo que le corresponde” que no es otra cosa que la definición de Justicia de Ulpiano, concepto que por supuesto ha evolucionado mucho en la historia de la humanidad pero que en todo caso nos invita a una simple reflexión: ¿sentimos los venezolanos que en nuestro país se hace justicia? Estoy seguro que sin importar la bandera política del lector de esta columna, la inmensa mayoría de los sobrevivientes del país coincidimos en que ese es otro producto escaso en el anaquel de la democracia.
Ahora bien, sin pretensión de justificar ningún antivalor pero diciendo las cosas con sinceridad pregunto ¿no es la impunidad precisamente una invitación a delinquir? La tolerancia de un Estado que ya no ejerce el monopolio legítimo de la violencia sino que por el contrario sede a la demanda de colectivos cambiando al Ministro de Interior, Justicia y Paz no puede interpretarse de otra manera distinta sino como desconocimiento del principio romano “no dañar al otro”.
Por otra parte, ¿cómo puede la sociedad venezolana “vivir honestamente” cuando 2/3 de su población devengan un salario mínimo que desde hace 5 meses no alcanza para cubrir el costo de la canasta alimentaria normativa según las propias cifras oficiales del gobierno? En realidad parece que nos impusieron otro precepto y no nos dimos cuenta cuando: sobrevivir miserablemente. Según el CENDAS, se requiere casi de 6 salarios mínimos para completar la canasta básica familiar. Citando la afamada comoquita “mientras tanto, en el salón de la justicia” sigue pendiente buena parte de la discusión de la convenciones colectivas de trabajo del sector público (incluyendo la de los médicos) los trabajadores de distintas empresas del Estado han denunciado ser víctimas de acoso laboral, casi la mitad de los bomberos siguen sin percibir la homologación salarial acordada hace meses y los educadores apenas percibieron un ajuste del 25% a pesar que la inflación anual acumulada supera de largo el 60%: Así queda plasmada la noción de justicia social en el socialismo del siglo XXI.
Mientras una muy reciente publicación de Datanalisis señala que el incremento de los precios merma la capacidad de compra en un 12% y un economista reputado advierte que para 2015 la inflación podría ser de más de 100%, nuestro Proyecto de Ley de Presupuesto sueña con una inflación no mayor al 30% pero contiene un incremento del 49,8% en la partida salarial de los 32 Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El Ejecutivo Nacional se molesta cuando sus simpatizantes reclaman acabar con la inseguridad, o cuando le piden empleo, pero por el contrario silencia respecto de un ajuste del salario mínimo, cuyo borrador de Decreto reposa en su despacho de hace tiempo. En cambio, apenas hace días aprobó un aumento del 45% del salario para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con lo cual -según nota de prensa del diario El Nacional- un General ganará Bs. 30.000,00 más las primas en tanto que el Director de un Hospital con postgrado y 10 años de experiencia no alcanzaría un sueldo de Bs. 8.000,00. ¡Qué curiosa es la política remunerativa de Venezuela! dos de los tres focos de corrupción que a nivel internacional destacó el informe de la ONG Transparencia Internacional, son los que ocupan la prioridad salarial del presidente obrero.
Jair De Freitas De Jesús