La destitución de Miguel Rodríguez Torres como ministro de Interior y Justicia levantó la ceja de muchos quienes han venido afirmando la responsabilidad del Ejecutivo nacional en dar cabida y amparo a la actividad, presuntamente delictiva, de los colectivos armados, publica El Impulso.
El anuncio hecho por el presidente de la República el 24 de octubre pasado no justificó la medida, pero coincidió con la suspensión, “por motivos de seguridad”, de una marcha de colectivos que iría hacia su despacho a exigirle la renuncia, tras la muerte de cinco de sus miembros en los hechos del 1° de octubre en Quinta Crespo.
El propio Colectivo 5 de Marzo, el más activo en demandar a Rodríguez, alardeó de su influencia cuando escribió en Twitter: “¡Logramos parte de la victoria!”.
Para el ciudadano común, a partir de este escenario surgen muchas preguntas, comenzando por ¿quiénes son estos grupos y por qué tienen tanto peso?
A ello intenta responder el criminólogo y asesor en materia de seguridad ciudadana, Fermín Mármol García.
Estados paralelos
“En los últimos 15 años Venezuela ha vivido tres grandes tragedias que han determinan la situación de violencia actual.
La primera, la falta de continuidad en la gestión pública en seguridad ciudadana, que hace que en 15 años hayamos tenido trece ministros; segundo, la politización del tema, que ha traído la exclusión de las mesas técnicas de quienes pueden ayudar pero no coinciden con la lógica partidista; y en tercer lugar esta la creación de los micro-Estados, pequeños estados paralelos que co-habitan en Venezuela conjuntamente con el Estado”, manifestó.
“Los colectivos armados son unos de los cuatro que yo he identificado”, sentenció Mármol García.
-¿Qué sustenta esta clasificación?
-Son fuerzas parapoliciales o paramilitares, aquellas que ejercen funciones similares a las de los policías y militares: deciden toques de queda, hacen control territorial, censan a las personas, portan armas de fuego visibles, resuelven problemas de inquilinato e incluso de pareja, hacen desalojos… Es decir, son policías, fiscales, jueces y a veces hasta verdugos.
Pero más allá de eso, lo hacen con el amparo del Gobierno, porque se autodefinen como guardianes del proyecto político gobernante y hasta ahora no han sido desmentidos, lo que se traduce en que, en todo o en parte, el gobierno nacional así los reconoce.
Mármol García sostiene que estos grupos tienen presencia en al menos 150 parroquias del territorio nacional, el 10% de las 1.500 que hay en el país.