El día de ayer 7 de noviembre, la Delegación del Estado Venezolano, a juicio del Director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, respondió “parcial y evasivamente” a los cuestionamientos realizados por los Comisionados del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas.
En cuanto a lo que en la ONU se conoce como “el Efecto Afiuni” los miembros del Comité cuestionaron ese caso, como una muestra de falta de intervención en la independencia del Poder Judicial y como un caso donde existió malos tratos o tortura.
La respuesta de la Dra Maria Mercedes Berthe, Directora de Derechos Fundamentales de la Fiscalía, se limitó a decirle al Comité que se “despreocuparan” por la situación relacionada con los malos tratos y particularmente con la violación sexual sufrida supuestamente por María Lourdes Afiuni, ya que élla nunca denunció tal situación y probablemente lo que se comentó en un libro ( del periodista Francisco Olivares) era solo a los efectos de incrementar ventas. Ante esta respuesta, el comisionado, Abdoulaye Gaye, de Senegal, se mostró sorprendido sobre el hecho que se requirira denuncia en este caso u otros de tortura “¿No puede la Fiscalía actuar de oficio?”, indicó. Expresó el Comisionado efusivamente que el temor, la verguenza, etcétera no permiten que en estos casos la víctima se sienta confortable denunciando. Asimismo, otros Comisionados ratificaron su consideración en cuanto a lo que este caso afectó a la independencia del Poder Judicial, y ratificaron su pregunta en cuanto a esto. Posteriormente, la delegación del Estado Venezolano, prefirió señalar que ya el cuestionamiento había sido respondido, y el Magistrado Luis Damiani expuso que el sistema judicial había mejorado en comparación con el pasado y que se estaba trabajando más en ello. “Ciertamente hay 1095 jueces provisorios y 665 titulares… aseguramos que demostraremos nuevos avances” afirmó.
En cuanto a los casos de supuestas torturas en 2013 y 2014, el caso de Marvinia Jimenez quedó a la espera de la clarficación por parte de la delegación del Estado, lo cual harán en las próximas 48 horas, ello en cuanto a por qué la funcionaria responsable no ha sido detenida a pesar de existir orden de captura.
El caso de Leopoldo López, Ceballos, Escarano y Luchese fue justificado por la representación de la Fiscalía indicando que estos ciudadanos se encontraban en buenas condiciones enseñando fotografìas y afirmando que tenían comodidades diversas.
La representante de la Fiscalía indicó que solo hay 58 privados de libertad, producto de manifestaciones contrariando el nùmero de 78 que afirma el Foro Penal Venezolano.
La Directora de Derechos Fundamentales de la Fiscalía recomendó a los Comisionados que no se dejaran engañar por las ONGs que buscan manipular la verdad. Indicó que solo ha habido 2 casos de denuncias de torturas, en contraste con los 138 casos presentados por el Foro Penal Venezolano.
En vista de este señalamiento, tres comisionados requirieron el compromiso de la delegación del Estado venezolano que no se tomaran represalias contra las ONGs de Derechos Humanos. A este requerimiento la delegación del Estado venezolano respondió que nunca ha reprmido ONGs de Derechos Humanos y aseguró que no lo hará en el futuro.
En cuanto a la falta de realización de exámenes médico forenses en muchos casos de detenidos en las protestas de 2014, la Fiscalía señaló que sí fueron realizados dichos exámenes. Según Alfredo Romero, “ello discrepa con casos presentados por el Foro Penal Venezolano, como el de Marco Aurelio Coello, donde el examen se realizó muchos después, perdiéndose así la evidencia, a pesar de que la denuncia fue presentada ante el tribunal”. El Director Ejecutivo del Foro Penal indicò que “los Comisionados dejaron claro lo que hemos señalado constantemente: Sobretodo, en los casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes la actuaciòn de las instituciones no puede paralizarse a la espera de una denuncia de la víctima, quien siempre estará atemorizada. Cuando se trata de estos casos, son los funcionarios del Estado los que cometen los crímenes por su posición de poder. Siempre la víctima está sometida al poder del funcionario y no puede pretender la Fiscalía que la misma víctima sometida denuncie libremente”
En cuanto al tema del hacinamiento en las prisiones venezolanas, la delegación del Estado venezolano indicó que no existe hacinamiento, lo cual discrepa con los reportes de las ONGs, según los Comisionados.
La delegación del Estado venezolano, a pesar de la insistencia de los Comisionados no respondió cuándo especìficamente invitaría al territorio venezolano a los Relatores de Derechos Humanos de la ONU. Asimismo, en cuanto a la pregunta que ratificó la Comisionada Felice Gaer sobre la existencia de testimonios de “Patriotas Cooperantes” que sirven para enjuiciar a personas y que pudieran estar viciados de nulidad, la delegación del Estado venezolano se limitó a no responder.