Una jueza boliviana envió a prisión preventiva a tres mujeres que estaban entre las siete personas detenidas esta semana por la supuesta violación y muerte de un bebé de ocho meses que residía en un centro de acogida de la Gobernación de La Paz, informaron hoy medios locales.
En una audiencia cerrada, la juez decidió anoche el encarcelamiento de dos enfermeras y una cuidadora del hogar Virgen de Fátima, donde estaba el pequeño, y decretó asimismo detención domiciliaria para otras cuatro personas entre las que figuran médicos y personal del hospital paceño al que fue trasladado el niño tras supuestamente sufrir la agresión.
Las tres mujeres que han sido enviadas a la cárcel fueron trasladadas a centros diferentes para que no puedan comunicarse entre ellas, según informó la Fiscalía.
Los siete detenidos están imputados por supuestos delitos de infanticidio y encubrimiento.
La muerte del bebé, que trascendió el pasado viernes, causó una conmoción generalizada en Bolivia y peticiones de castigos ejemplares para el autor o los autores del crimen.
El pequeño Óscar, que residía desde hace un tiempo en el orfanato público Virgen de Fátima tras ser rescatado de sus padres alcohólicos, sufrió un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de las hemorragias internas que le provocó la violación, según ha determinado la autopsia.
La fiscal Edna Montoya, que forma parte de la comisión del Ministerio Público que se encarga del caso, dijo que se sigue investigando cómo se produjo la violación del pequeño y que “no se descarta que haya sido con un aparato rígido o un miembro viril”.
También avanzó que la violación “posiblemente fue en el Hospital del Niño, en el transcurso de las tres horas que estuvo ahí”.
Según esta hipótesis, el bebé habría sido maltratado en el orfanato y fue llevado al Hospital del Niño, donde llegó en parada cardiorrespiratoria y fue reanimado por un equipo médico, que decidió derivarlo a otro hospital.
Pero mientras se encontraba en el primer centro sanitario, siempre según los datos de la investigación desvelados por la Fiscalía, el pequeño habría sido violado.
Después de que trascendiera este caso, la Defensoría del Pueblo de Bolivia manifestó su consternación y anunció que pedirá a la Gobernación de La Paz un informe sobre las medidas de seguridad y control que existen en sus centros de acogida de menores.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, indicó en un comunicado que “exigirá un informe detallado sobre las medidas de seguridad y control (…) para garantizar la seguridad, cuidado y protección” de los pequeños, así como los criterios, requisitos y evaluación sicológica que se aplica al personal contratado para trabajar con los menores.
Este caso tiene lugar en medio de una ola de denuncias de violencia sexual contra mujeres y menores, que ha preocupado a las autoridades del Gobierno, que estudia qué acciones poner en marcha para frenar los recurrentes casos de abuso y ataques sexuales. EFE