El proyecto de Reforma parcial de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo que circula en la Asamblea Nacional (AN), toma previsiones para justificar la detención y procesamiento de personas que hayan actuado contra lo que establece la normativa.
Por Janet Yucra M.
El proyecto de Reforma parcial de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo que circula en la Asamblea Nacional (AN), toma previsiones para justificar la detención y procesamiento de personas que hayan actuado contra lo que establece la normativa.
Ninguno de los delitos establecidos en la presente ley se considerará como delito político y conexo , señala el nuevo artículo
7 propuesto, en la comisión de Política Interior de la AN.
Por otra parte, el dispositivo número 8 señala que la condición de refugiado no se reconocería a las personas respecto a las cuales haya
fundado motivos para considerar que ha cometido alguno de los delitos tipificados en esta ley .
Asimismo, el artículo 9 dice que no se otorgará el asilo de conformidad con las normas del derecho interno e internacional, a las personas consideradas que han cometido delitos como los descritos en la presente ley .
Mientras que el artículo 10 señala que no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos de delincuencia organizada y terrorismo, financiamiento, promoción, organización y apoyo .
Jurisdicción extraterritorial
Llama la atención el contenido del artículo 96 de la norma que menciona la jurisdicción extraterritorial . En este caso, el instrumento señala que están sujetos a enjuiciamiento y serán penados de conformidad con esta ley: Los venezolanos o extranjeros que cometan cualquiera de los delitos tipificados en esta ley, en país extranjero, que atenten contra intereses patrimoniales, el orden público constitucional, la integridad, la seguridad y defensa de la República Bolivariana de Venezuela .
Por otra parte, la ley crea el fondo antiterrorismo y en este sentido, el artículo 95 señala: Se establece un fondo contra el terrorismo en el presupuesto anual de la Nación, el cual estará destinado a: indemnizar a las personas naturales y jurídicas víctima de los actos terroristas por los gastos en los que incurriere, a fin de restablecer la situación jurídica infringida. Reembolsar a cualquier órgano o ente público por los gastos en los que incurriere a fin de restablecer la capacidad operativa o parte de la totalidad de sus sedes que hubieren sido dañadas o destruidas como resultado de ataques terroristas nacionales o extranjeros .
Tribunales especiales
Con el artículo 97 se crean los tribunales penales con competencia en delincuencia organizada y terrorismo en todo el territorio nacional, organizados en circuitos judiciales penales, cuyas sedes las determinará el Tribunal Supremo de Justicia. Corresponderá a estos tribunales el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos su consideración, conforme a las disposiciones de esta ley, Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, el Ministerio Público y la Defensa Pública deberán realizar los cambios necesarios para adaptarse a esta competencia especial .
Sanciones por actos terroristas
Según la nueva propuesta, el delito de terrorismo, establecido en el artículo 57 de la ley, será penado con prisión de 25 a 30 años. En este dispositivo, una persona se considerará terrorista si actúa así: El o los que actúen individualmente o asociados con bandas armadas,
organizaciones terroristas, grupos estructurados u organizaciones cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, o la seguridad y defensa de la Nación, realice o intente uno o varios actos terroristas, cometan delito de incendio, ataques contra edificios o infraestructuras de transporte o comunicaciones, mediante uso de artefactos explosivos que conlleve riesgo de lesión o muerte .
El artículo 58 se refiere al sujeto pasivo calificado y señala que si los hechos descritos en el artículo anterior se realizan contra altos funcionarios entre ellos el Presidente de la República, vicepresidente, ministros, procurador, Fiscal general, miembros del Alto Mando Militar, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, rectores del Consejo Nacional Electoral, diputados de la Asamblea Nacional y jefes de misiones diplomáticas de la República, la pena se impondrá en su límite máximo constitucional de 30 años de prisión .
Mientras que el artículo 59 establece que la pena por cometer desórdenes públicos será prisión de 10 a 20 años.