“La situación del sistema penitenciario en Venezuela es una tragedia”, dijo hoy el miembro del Comité contra la Tortura, Alessio Bruni, al comentar las observaciones de este órgano sobre las condiciones de detención en este país y la reciente muerte de varios presos por supuesta sobredosis de medicamentos.
El Comité presentó a la prensa sus conclusiones y recomendaciones a los países examinados en la reciente sesión que celebró en Ginebra.
Sobre el caso de Venezuela, entre las cuestiones sobre las que manifestó mayor preocupación estuvieron las condiciones de vida de los detenidos y la situación de violencia en los centros penitenciarios.
Preguntado sobre la muerte de entre 13 -según cifras oficiales- y 33 reos -según una ONG activa en el medio carcelario- en una prisión del oeste de Venezuela, Bruni respondió que la situación en este ámbito es una tragedia y recordó que, según cifras que datan de febrero, “el hacinamiento es en promedio del 231 por ciento”.
“Es decir, lugares planificados para recibir a cien detenidos están ocupados por 231 y un ejemplo extremo es la prisión de Tocorón, que fue construida para 750 reclusos y en 2013 contaba con 7.000”, explicó el experto, a quien le tocó ser uno de los relatores sobre Venezuela dentro del Comité.
Agregó que “un problema típico del sistema penitenciario es la violencia con armas, que circulan de manera casi libre dentro de las prisiones, causando cientos y cientos de personas asesinadas cada año”.
El Comité expresó su alarma por los informes que describen la situación de violencia en las cárceles, con 4.791 muertos y 9.931 heridos registrados desde 2004.
Otra motivo de inquietud en este ámbito tiene que ver con “las deficiencias en la atención médica, el abastecimiento de agua, provisión de alimentos, saneamiento y ventilación de las celdas, frente a las informaciones oficiales que registran condiciones adecuadas”.
Otro de los relatores sobre Venezuela, Jens Modvig, indicó que el Comité no estaba “completamente satisfecho” con las respuestas que recibió del gobierno en relación a las más de 3.000 de personas detenidos en conexión con las protestas antigubernamentales en la primera mitad de este año.
En ese contexto, agregó, “recibimos reportes de algunas detenciones arbitrarias, sin respuestas claras sobre si a esas personas contaron con las garantías legales mínimas, en términos de acceso a una defensa, a atención médica y a informar a sus familiares de su paradero”.
“Hemos pedido al Gobierno venezolano que asegure estas garantías básicas para todos los detenidos”, indicó.
De manera más general, el informe menciona que la delegación que envió el Gobierno venezolano para participar en la sesión del Comité informó que de 31.096 denuncias por violaciones de derechos humanos recibidas entre 2011 y 2014, sólo el 3,10 por ciento resultó en acusación por parte del Ministerio Público.
El gobierno no facilitó información sobre sentencias y penas impuestas en ese periodo.
EFE