El comité de las Naciones Unidas contra la tortura expresó el viernes su “alarma” por las denuncias de tortura y malos tratos de parte de las autoridades venezolanas durante los meses de protestas opositoras a principios de este año, e instó al país a investigar a fondo los incidentes, reseña Reuters.
El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la ONU dijo que las quejas incluían informes de palizas, quemaduras y descargas eléctricas para obtener confesiones y detalló que los fiscales sólo han presentado cargos en cinco de 185 investigaciones de este tipo de incidentes.
“El Estado (venezolano) debe garantizar que todas las denuncias y los casos de tortura y malos tratos de detenidos sean investigados de forma pronta, exhaustiva e independiente”, dijo el reporte presentado el viernes en Ginebra.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Más de 40 personas, entre manifestantes, partidarios del gobierno y funcionarios de seguridad, murieron durante los tres meses de protestas donde simpatizantes de la oposición exigían la renuncia del presidente Nicolás Maduro.
El heredero político del fallecido Hugo Chávez culpó a los manifestantes de la mayoría de las muertes y se comprometió a investigar todos los casos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Una comisión de la verdad fue creada para tal fin.
Grupos de oposición y activistas de derechos humanos sostienen que el ejército y la policía detuvieron, sistemáticamente, manifestantes que participaban en demostraciones pacíficas, algunos de los cuales se mantienen detenidos sin proceso ni acceso a abogados.
El comité también instó a Venezuela a investigar los informes de detenciones arbitrarias y las reiteradas peticiones para la liberación del líder de las protestas, Leopoldo López, y del ex alcalde de oposición Daniel Ceballos.
Insta a permitir visita de Relator
El Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó sus observaciones, preocupaciones y recomendaciones sobre los informes presentados por el Estado venezolano, respecto a la situación de los derechos humanos en el país entre 2002 y 2014.
El Comité lamentó que estos informes hayan sido entregados con ocho años de retraso, y que algunas de las preguntas formuladas al Estado quedaran sin responder.
Igualmente, el organismo expresó su “alarma ante informes que describen el alto grado de violencia en los centros penitenciarios, registrándose 4.791 muertes y 9.931 heridos desde enero de 2004”.
Destacó que, de acuerdo a cifras de la delegación venezolana, actualmente existiría una población penitenciaria de 50.721 reclusos para una capacidad de 51.127 plazas, cifra que discrepa con reportes que indican un hacinamiento de 190% durante el primer semestre de 2014.
Preocupó la alta proporción de detenidos en espera de juicio (65,71%). Exhortaron al Estado a publicar datos desglosados por lugar de detención sobre la capacidad de alojamiento.
En este sentido, el Comité de Naciones Unidas instó al Gobierno de Nicolás Maduro a que permita “sin demora una visita del Relator contra la Tortura y el acceso de organizaciones no gubernamentales a todos los lugares de privación de libertad de manera que puedan verificar los avances mencionados por el Estado”, según el cual no hay violencia en 87% de las cárceles.
Preocupa la impunidad
El Comité Contra la Tortura también destacó la alta impunidad en el país. De 3.1096 denuncias por violaciones de derechos humanos recibidas entre 2011 y 2014, tan sólo 3,10% resultó en acusación por parte del Ministerio Público, y sólo 12 funcionarios fueron sancionados por cometer actos de tortura ente 2003 y 2011.
“Preocupa profundamente al Comité la información según la cual los fiscales a menudo no inician investigaciones de oficio pese a existir claros signos de lesiones en las personas detenidas”, detalló el informe.
En este sentido, los expertos de Naciones Unidas urgieron al Estado venezolano a garantizar el acceso inmediato de las víctimas a los órganos judiciales para denunciar incidentes de tortura y malos tratos, asegurando su protección; velar por que se investiguen de oficio y de manera pronta, exhaustiva e imparcial; acelerar el proceso de restructuración, depuración y capacitación de los cuerpos policiales; y, enjuiciar a los autores de torturas o malos tratos.
Alarma tortura durante protestas
El Comité de la ONU también se refirió a la detención de 3.306 personas, incluidos 400 adolescentes, en el marco de las manifestaciones ocurridas entre febrero y junio de 2014, manifestando su preocupación porque “un gran número de estas detenciones fueron arbitrarias, por no existir orden judicial ni flagrancia”.
El informe señala que “el Estado parte debe adoptar sin demora medidas efectivas para que, conforme a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria, se libere inmediatamente a Leopoldo López y Daniel Ceballos, y a todos aquellos que hayan sido detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a expresarse y protestar pacíficamente”.
Igualmente, el Comité se mostró alarmado ante las denuncias de tortura contra manifestantes, que incluirían “palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas, presuntamente con el objeto de destruir pruebas de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, obtener información, castigar, obtener confesiones y por discriminación de género”.
Destacan que de las 185 investigaciones llevadas a cabo por Fiscalía por trato cruel, sólo se han presentado 5 acusaciones, y las 2 investigaciones por tortura todavía siguen su curso. Además expresaron su inquietud por la discrepancia en los datos presentados por el Estado.
Complicidad con colectivos armados
En el informe, los expertos de Naciones Unidas también se refirieron a los 437 ataques de grupos armados pro-oficialistas en contra de manifestantes ocurridos entre febrero y abril de 2014, una gran parte de estos con la complicidad y aquiescencia de las fuerzas del orden.
Al respecto, aseguraron que el Estado debe “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todos los ataques de grupos armados pro-gobierno durante las manifestaciones y enjuiciar debidamente a sus autores y a los funcionarios que fueron cómplices”.
Igualmente, reclamaron “la participación de efectivos militares, como la Guardia Nacional Bolivariana, en el control de las manifestaciones, pese a que su función no es el mantenimiento del orden público y aun cuando no hubo un estado de excepción o emergencia declarados”.
Asimismo, el Comité Contra la Tortura mostró su “consternación” ante las ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales o para-policiales, que dan cuenta de al menos 667 homicidios por parte de agentes del orden en 2012, y 600 en 2013.
No hay independencia judicial
En cuanto al caso de la jueza María Lourdes Afiuni, que la integrante del Comité Essadia Belmir calificó como un “terremoto”, el informe señala que es una muestra de la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela, donde no se garantiza la estabilidad de los jueces en sus funciones.
Solicitaron investigar de oficio y de manera pronta, exhaustiva e imparcial las alegaciones de tortura cometidos contra Afiuni durante su detención en el Instituto Nacional de Orientación Femenina.
Finalmente, el Comité exhortó al Estado a abstenerse de descalificar la labor de los defensores de derechos humanos y periodistas. Expresaron su “profunda preocupación” por los señalamientos públicos del Presidente de la Asamblea Nacional, citando informaciones de “patriotas cooperantes”, en contra de Carlos Correa, Humberto Prado y Marino Alvarado.
Lea el texto completo del informe del Comité Contra la Tortura de la ONU
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