Solicitaron al Diputado Elvis Amoroso, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, revisar denuncias contra la ex jueza Marisela Valentina Godoy Estaba, aspirante a un escaño en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerar que violenta el Reglamento Interno de postulaciones. Aseveraron que la postulante incurrió en actos de corrupción y activismo político
Caracas 05/12/14. (PS).- Bajo alegatos de presunta corrupción durante el ejercicio de sus funciones en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) además de activismo político, fue impugnada la postulación a magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de la ex jueza Marisela Valentina Godoy Estaba.
El ciudadano Víctor Julio González González consignó ante el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional un documento de cuatro folios y anexos, en el que explicó presuntos manejos irregulares de la postulante, que la desacreditarían como aspirante a uno de los máximos escaños del poder judicial. El demandante solicitó al Diputado Elvis Amoroso, presidente del comité en el parlamento venezolano, revisar las pruebas consignadas y corroborar con publicaciones de prensa, en diversos medios impresos de circulación nacional, que hicieron mención a las denuncias formuladas.
“Para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia se necesitan cumplir con los requisitos para ver su honradez, no solamente como abogado que sepa de las leyes de Venezuela, sino la rectitud y la honorabilidad de esa persona. Resulta absurdo que un ciudadano cuya conducta no ha sido buena con la investidura de un cargo que ocupó en el pasado y que le trajo desprestigio en su vida profesional y personal, tenga el poder de decidir sobre casos de otras personas en el TSJ. Esta ciudadana no tiene solvencia moral para ser magistrada y por eso impugnamos su postulación” manifestó el demandante.
Agregó que durante la gestión de la postulada como jueza en el TSJ, supuestamente logró acuerdos con otros jueces con el fin de beneficiar o desmejorar casos, de acuerdo a conveniencias y apuntó que existen pruebas en redes sociales, que presuntamente la vincularían con activismo político, lo que incumpliría parte del reglamento establecido para optar por una magistratura en el poder judicial. Agregó que existen denuncias públicas que vinculan a la aspirante con prácticas irregulares y de tipo personal que la inhabilitarían como una opción válida para decidir en casos legales desde el máximo organismo de justicia en el país.
Tras remitir las pruebas ante la comisión del poder legislativo nacional, el vocero manifestó: “Esta ciudadana fue parte de la corrupción de la Cuarta República, que destruyó las comunidades y la economía de Venezuela, por eso no puede ser tomada en cuenta para desempeñar el cargo al cual está aspirando”.