“No existe ninguna independencia de la ley respecto al nacionalsocialismo. En cada decisión que adopten, díganse a sí mismos: ¿cómo actuaría el Führer en mi lugar?… La ideología nacional-socialista, especialmente en lo que se expresa en el programa del Partido y en los discursos de nuestros Líderes, es la base para la interpretación de las fuentes legales”.
Hans Frank, asesor jurídico de Hitler.
Frecuentemente se critica la politización de la justicia al referirse a la utilización que han hecho de ella partidos políticos o grupos económicos y allí se cuela un error conceptual.
La administración de justicia no sólo está politizada, es que es necesario que así sea a efectos de que sus responsables estén en capacidad de conocer y evaluar los pensamientos y avances de la sociedad. Es eso lo que les abre la posibilidad de emitir opiniones que se correspondan con los tiempos que les toca vivir.
El problema es que en nuestros países -con instituciones sumamente débiles- algunos dirigentes de organizaciones políticas o económicas han pretendido controlar el poder judicial, utilizando herramientas constitucionales y legales para designar, en los cargos de la administración de justicia, a empleados o militantes acostumbrados a obedecer.
Lo que molesta profundamente es que se administre justicia para favorecer intereses de un partido, de un grupo económico o personales, que no es otra cosa que el delito de prevaricación. No debemos confundir lo que es una perversión del sistema -como es notable en regímenes de tendencia totalitaria como el cubano o el venezolano- con la necesaria e inevitable politización de todo el que vive en sociedad.
En ese sentido el caso argentino –del que sólo voy a hacer referencia al nombramiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- es muy aleccionador.
Menem –utilizando las viejas mañas- había aumentado el número de miembros de la Corte a efectos de garantizarse lo que se llamó la mayoría automática. Cuando Nestor Kirchner llega al gobierno lo hace en medio de una profunda crisis financiera y política durante la cual –en el último año- había habido cinco presidentes y el país se había declarado en default.
Además de reducir el número de integrantes, Kirchner condujo un proceso estrictamente apegado a la Ley para la designación de los nuevos Magistrados de la Corte.
Consultas a universidades, colegios profesionales, academias y a la sociedad civil hicieron posible que los mejores juristas de la época fueran postulados y que, de entre ellos, fueran designados los que reunieron el mayor consenso.
Es poco lo que se puede decir en relación a lo que ese proceso aportó a la estabilidad democrática. Las decisiones de la Corte, por consenso o divididas, a favor o en contra, no sólo han sido acatadas por todos, además han sido respetadas por provenir de una fuente con autoridad ética, social y política. Lamentablemente, los mismos Kichneristas han aprovechado poco esas enseñanzas.
En Venezuela tenemos mucho que aprender de ese proceso, especialmente cuando nos acercamos a unas elecciones para renovar la Asamblea Nacional que todo indica van a ser ganadas por la oposición si se mantiene unida.
Sí eso sucede, no sólo se va a crear una situación inédita con un Presidente chavista y una AN controlada por la oposición…, siendo el chavismo una fuerza política de fuerte raigambre militar, integrada por tendencias autoritarias que van desde la extrema izquierda hasta las fascistas en el poder, cualquier cosa puede pasar. Serán determinantes la sabiduría, responsabilidad e inteligencia con la que se maneje la oposición para facilitar una transición ordenada y en paz. A la AN deben ir los mejores.
2015, Asamblea Nacional. 2016, gobernadores y alcaldes y, por haber transcurrido la mitad del período presidencial, se abrirá la posibilidad de un Referendo Revocatorio en el 2017. Si no se produce el Referendo, en el 2019 son las elecciones de presidente.
La oposición tiene apenas dos o tres años para construir las condiciones de gobernabilidad imprescindibles para evitar que la descomposición a la que han llegado las fuerzas armadas y el chavismo nos conduzcan a la barbarie.
Tenemos que aprender de la experiencia en la designación de los Magistrados de la Corte en Argentina. Hay situaciones en las que el total apego a la institucionalidad y la altura de miras es imprescindible por elemental sentido de supervivencia democrática.
Cuando la nueva AN designe, deberá designar a los mejores. Cuando legisle, deberá hacerlo pensando en todos los venezolanos. Cuando gobierne, deberá garantizar la inclusión social de todos los venezolanos. La oposición no puede ser ni actuar como lo ha hecho el chavismo. Civilizar la política, meter los militares nuevamente en sus cuarteles y controlar la corrupción y la violencia va a ser un proceso largo que va a requerir dirigentes excepcionales y una sociedad civil sumamente crítica y vigilante.
La oposición tiene un programa y un compromiso que cumplir.