La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y la ministra de Prisiones, Iris Valera, fueron las primeras dos altas funcionarias que pusieron el grito en el cielo por las sanciones impuestas por la Administración Obama para castigar la represión de las protestas celebradas en el país a lo largo de 2014. Ortega y Valera propusieron como respuesta la quema del visado de entrada en Estados Unidos en sus pasaportes y la convocatoria de una «manifestación antiimperialista» contra lo que, con obvia exageración, denominan el «bloqueo financiero» contra el país, reseña ABC de España.
Pero pocos empleados públicos acudieron a la convocatoria antiimperialista. Tampoco tiraron sus pasaportes a la hoguera para quemar el visado norteamericano. A fin de cuentas las sanciones no van contra ellos ni afecta a toda Venezuela, como es el caso del embargo que vive Cuba desde hace casi 53 años. Las sanciones de Obama contra Venezuela se centran fundamentalmente en los altos funcionarios vinculados con la represión, en la élite del régimen que más se ha empleado en acogotar a la oposición.
Hay militares y funcionarios cuya principal preocupación es su bienestar material
Pero las sanciones han puesto de manifiesto también que comienzan a socavar el apoyo del que goza el régimen entre funcionarios, militares y bases del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV). Hay chavistas fuertemente ideologizados, pero hay también muchos militares y altos funcionarios que sostienen al régimen por las oportunidades de negocio que les brindan. Y que ahora ven con inquietud creciente cómo peligra el futuro de su prosperidad material, según destacan analistas y opositores. Una situación que se ve, además, muy agravada por la grave crisis provocada por la caída de los precios del petróleo del que depende Venezuela económicamente.
«El objetivo de los militares no es el poder político, sino seguir dándoles continuidad a los negocios que ellos tienen, ya que han creado una nueva élite empresarial», afirma Diego Moya Ocampos, analista para América Latina de IHS Global Insight/IHS Jane’s en declaraciones recogidas por el diario «El Nuevo Herald». Y, desde ese punto de vista, las medidas aprobadas por la Adminstración Obama «crean una situación en la que el que acumule mucho poder, el que brille más allá de lo que debe brillar, el que salga a reprimir para defender al Gobierno, en vez de salir recompensado, como lo hemos visto en el pasado, simplemente va a quedar expuesto a más sanciones».
La fiscal general, Luisa Ortega, y la ministra de Prisiones, Iris Varela, formarían parte de una selecta lista de entre 56 y 200 altos cargosafectados por las sanciones impuestas por Estados Unidos por violación de los derechos humanos. Medidas de castigo que van desde lasuspensión del visado de entrada hasta la congelación de las cuentas bancarias y propiedades y activosque tengan en territorio norteamericano.
Prisión y torturas
El Gobierno de Barack Obama tomó la decisión de castigar a los funcionarios venezolanos –civiles y militares– involucrados en las denuncias documentadas desde febrero pasado sobre la represión de las protestas de la oposición llevadas a cabo en este año, y en las que murieron 43 personas, fueron heridas 2.500, y detenidos cientos de opositores, muchos de ellos torturados y maltratados según denunciaron las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Pese a que Washington no muestra en público la lista de los sancionados, según es su tradicional costumbre, el senador republicano Marco Rubio se encargó de dar a conocer una «minilista» de 26 sancionados entre los que figuran la fiscal Ortega, la ministra Valera y altos jefes militares, todos ellos destacadas figuras del régimen, pero también adictos a las compras de artículos de consumo en los centros comerciales de EE.UU..