El gobierno chino parece haber abandonado al régimen de Nicolás Maduro a su suerte, brindando solo una vaga promesa de financiar proyectos a largo plazo en Venezuela en vez de conceder el préstamo de emergencia por $16,000 millones, que Caracas solicitaba urgentemente para evitar un colapso económico.
Antonio María Delgado / El Nuevo Herald
Expertos consultados dijeron que la oferta china de financiar proyectos industriales y energéticos en Venezuela por un monto de hasta $20,000 millones hace muy poco para aliviar los enormes problemas económicos que enfrenta hoy el régimen bolivariano, que requiere de una inmediata inyección de liquidez para compensar la abrupta caída de la renta petrolera.
“Le dieron algo, como para que pudiera declarar algo y no quedar en ridículo”, dijo Orlando Ochoa, profesor de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.
“Pero la verdad es que va a regresar con las manos vacías. Los proyectos energéticos y de desarrollo industrial son cartas de intención que se ejecutan en un número de años, si es que las condiciones están dadas. Hay firmados proyectos de inversión en Venezuela por más de $150,000 millones que no se han ejecutado”, explicó.
Maduro, quien enfrenta una de las peores crisis económicas registradas en Venezuela y cuya popularidad está por debajo del 20 por ciento, llegó a Pekín esta semana con las esperanzas de obtener un préstamo de emergencia de $16,000 millones que le permitiera atenuar el grave desequilibrio en la balanza de pagos que mantiene vacíos los anaqueles del país.
A cambio del préstamo, Maduro estaba ofreciendo un abanico de garantías, incluyendo suministros futuros de petróleo y la futura producción de minerales provenientes de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), complejo industrial que produce oro, aluminio y hierro.
Pero el gobierno chino no mostró gran interés en la CVG, según una fuente vinculada al proceso que pidió no ser identificada por temor a represalias.
El gobierno chino manifestó que solo aceptaría la producción de la CVG en garantía si las empresas del conglomerado quedaban bajo su total control, en vista de los elevados índices de corrupción gubernamental vinculados con sus operaciones.
Lea la nota completa en El Nuevo Herald