Dicen los códigos que regulan las actuaciones de la ciudadanía, que existen grados diferentes de culpabilidad de quienes cometen delitos contra la sociedad.
Así, el homicidio es el delito en el que alguien le ciega la vida a otro ciudadano y el grado de culposo describe cuando el homicida no tiene la intención directa de acabar con la vida del otro, pero las circunstancias indican que ha cometido errores de acción u omisión que permitieron que el evento sucediera.
Un ejemplo sencillo lo podemos describir cuando un automovilista conduce con descuido o se distrae, hoy con un teléfono celular, y por estar concentrado en una actividad distinta a la de la conducción del vehículo, atropella a un ciudadano y le provoca la muerte. Sucede lo mismo o parecido, cuando un conductor ha bebido cantidades importantes de licor y sus reacciones se ven alteradas. Sin duda que no era su intención provocar el accidente, pero su “distracción” a la actividad fundamental, o los efectos de la bebida, lo lleva a cegar la vida del otro.
En la triste realidad venezolana de hoy encontramos que el régimen que nos destruye, hoy en sospecha de actuación culposa, está provocando que muchos ciudadanos fallezcan porque los férreos controles monetarios que aplica sin criterios humanos la autoridad correspondiente, impiden que los ciudadanos dispongan de las medicinas necesarias para atender sus males.
La absurda limitación del acceso de los importadores y fabricantes de prescripciones a la moneda extranjera necesaria para disponer de los insumos o de las prescripciones necesarias para atender a los enfermos y, dependiendo de la gravedad de la dolencia, deben ser muchos los que fallecen por falta del paliativo o del remedio necesario y muchas veces, imprescindible.
La escasez, ese terrible fantasma que ataca a los proveedores de la ciudadanía, no sabemos si es voluntaria o no, pero nos la sospechamos entre los pasos dictados desde La Habana para conducir a nuestro pueblo al “mar de la felicidad”.
Cuando un paciente de la peste moderna que recibe el extraño nombre de “chicungunya”, asiste a su farmacia cercana o lejana y no encuentra acetaminofén, sus penas llegan a niveles inadecuados y quienes provocan la escasez son los culpables, pero en el caso de otras enfermedades, como el temible cáncer, la ausencia de tratamientos que se corresponden a protocolos muy bien estructurados, impide que se puedan atender los problemas con productos sucedáneos. El cáncer no espera y la consecuencia inmediata es que el enfermo desmejora y se acerca a su final. Entonces, un jurado serio y un juez que se precie de tal, tendrían que condenar a los responsables de la ausencia del medicamento con esa terrible sentencia de “homicida culposo”.
Consideraciones similares se pueden hacer en innumerables eventos. Tanto de ausencia de medicamentos como de los repuestos para el funcionamiento de algún equipo imprescindible para el diagnóstico o porque no se dispone del reactivo en el laboratorio, imprescindible para el diagnóstico de algún mal que pone al paciente en actitud impaciente y situación riesgosa.
Un cuerpo gubernamental que tenga como prioridad fundamental al atención al ciudadano, colocaría el aprovisionamiento de farmacias en una prioridad muy alta y los pacientes tendrían disponibles los remedios a sus males. No es esta la situación venezolana.
Desde Weston el 7 de enero de 2015.
@rafael862