En Julio de 2011, cuando el fallecido presidente Chávez estaba sometiendose a su tratamiento de quimioterapia por el cáncer que padecía, dijo éstas palabras refiriéndose a los presos políticos: “Yo no soy el dictador que da órdenes a los demás poderes (…) pero sí me atrevo a hacer un exhorto al Poder Judicial para que a estas personas, independientemente de sus opiniones, que se ha demostrado que de verdad tienen dolencias graves, se les dé algún beneficio”. El primero en recibir una medida humanitaria fue Lázaro Forero -quien padece cáncer de próstata- el mismo mes de Julio y luego en diciembre de ese mismo año la obtuvo el Comisario Henry Vivas.
A Iván Simonovis, el prisionero emblemático de Chávez, no le tocó sino dos años después, a pesar de que hasta la Santa Sede pidió por su libertad. Del caso 11 de abril continúan presos Héctor Rovain, Erasmo Bolívar, Arube Pérez, Marcos Hurtado y Luis Molina y me temo que continuarán así a pesar de que por ley les corresponde beneficios por tiempo de pena cumplida, sólo para justificar la tesis del gobierno de que los sucesos del 11 de Abril del 2002 fueron provocados por la oposición y necesitan culpables. Sobre la juez del caso, el proceso y sus arbitrariedades y la sentencia se ha dicho ya todo, y quiero que recuerden en específico, que no hubo ni un sólo elemento de convicción que pudiera demostrar que los Comisarios y los Policías Metropolitanos dieron órdenes, suministraron armas o tuvieran algo que ver con 2 de los 19 asesinatos de ese día que son los casos por los que fueron acusados.
La comisión de la verdad nunca se instaló. Pero, el gobierno de Chávez le dio a sus prisioneros, el “uso” que necesitaba y ahora éste continuismo gubernamental sigue dándoselo. El Derecho Penal del Enemigo comenzaba a implantarse esos días.
Aparte de este caso, hay algunos presos políticos cuyas circunstancias de sus detenciones y sus juicios son tan ilegales y arbitrarios que es muy fácil incrustarlos en la tesis del profesor alemán Gunther Jakobs, que introdujo en el debate el “Derecho Penal del enemigo” como un Derecho dirigido precisamente a aquellos sujetos calificados como enemigos o “no personas” al interior de los Estados. Es decir, no se considera a quien se juzga como ciudadano, sino como enemigo no persona, sin derecho a ser considerado “persona”. Podemos nombrar algunos de ellos: el caso del General Francisco Usón, detenido, juzgado y sentenciado por explicar en un programa de radio como funcionaba un lanzallamas; el caso escandaloso de la Juez María Lourdes Afiuni, detenida, encarcelada, torturada física y psicológicamente, por aplicar la Ley; el caso del Capitán Otto Gebauer, quien acompañó a Chávez de ida y vuelta a la Orchila los días 11 y 13 de abril del 2002 y así, sobran casos donde las personas son tratadas como si no fueran venezolanos, no tuvieran los mismos derechos y además, no fueran personas.
Hoy, cuando las Instituciones y Poderes del Estado están secuestrados por agentes del gobierno nacional, cuando la Justicia se comporta como el brazo ejecutor de las órdenes que emanan del ejecutivo, y se encarcela a ciudadanos por su forma de pensar y su discurso político, tratándolos como animales, usando técnicas de tortura física y psicológica para tratar de quebrarlos mental y emocionalmente, cuando se persigue a quien se atreve a decir la verdad sobre la ineficiencia, la inseguridad y la corrupción y se permite que diputados de la oposición sean golpeados dentro de la Asamblea Nacional, que Alcaldes sean destituidos sin cumplir con los trámites legales , que jóvenes sean torturados y maltratados cobarde y cruelmente y sus torturadores anden sueltos por las calles, se está aplicando el Derecho Penal del Enemigo.
También, cuando el “debido proceso” ya no es tan debido y los lapsos procesales son manejados a conveniencia para perjudicar al “opositor”, violando descaradamente el derecho a la defensa, cuando la presunción de la inocencia es tirada por la borda en los discursos presidenciales que sentencian a quienes no han sido juzgados; cuando el gobierno se burla y desconoce el Derecho Internacional y los Pactos de Derechos Humanos al desechar dictámenes o recomendaciones de Organizaciones Internacionales que benefician a víctimas o perseguidos venezolanos, a nosotros los abogados de buena voluntad, no nos queda ninguna duda de cual es la justicia que se está aplicando en nuestro país a quienes piensan, sienten y actúan conforme a los preceptos constitucionales, en defensa de los derechos humanos y de la Democracia.
Chávez tenía sus prisioneros de guerra. Maduro, tiene los suyos. Ambos nos han dejado claro que la guerra de la que tanto nos han hablado, no es contra otro país, sino contra nosotros, sus propios compatriotas.