Un fiscal federal denunció hoy a la presidenta argentina, Cristina Fernández, y al canciller, Héctor Timerman, por la supuesta negociación de un “acuerdo de impunidad” con Irán para encubrir a los imputados del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994 en Buenos Aires.
El fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, solicitó además un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos (23,2 millones de dólares), informó la Fiscalía a través de un comunicado.
En una presentación judicial de casi 300 páginas, Nisman apunta a la presidenta por los delitos de “encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario publico y estorbo del acto funcional”.
La denuncia alcanza al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis D’Elia, Fernando Esteche, personal de la secretaría de Inteligencia de la Presidencia argentina, el exfiscal federal y exjuez de instrucción Héctor Yrimia, y el referente comunitario iraní Jorge “Yussuf” Khalil.
Según el fiscal, la denuncia se basa en evidencias reunidas mediante escuchas telefónicas sobre las maniobras del Gobierno argentino para “librar de toda sospecha a los imputados iraníes” y “fabricar la inocencia de Irán”.
“Por expresas órdenes de la presidenta se configuró una diplomacia paralela de facto que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal”, acusó el titular de la Unidad Fiscal Especial de Investigación del Atentado a la AMIA.
En declaraciones a los medios, Nisman detalló que en las escuchas no está registrada la mandataria argentina, pero sí Larroque y el dirigente piquetero D’Elía.
El fiscal asegura que D’Elía aparece hablando directamente con Mohsen Rabbani, exjefe de la Guardia Revolucionaria iraní y uno de los principales acusados por el atentado (prófugo y buscado por la Interpol).
De acuerdo con Nisman, las negociaciones con Irán comenzaron en 2011, cuando Fernández decidió acercarse a ese país para “restablecer relaciones comerciales plenas” con el objetivo de superar “la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo por granos” y “hasta venderle armas”.
Las supuestas conversaciones culminaron dos años después con la firma del Memorándum de Entendimiento entre ambos países, que preveía la revisión de toda la documentación de la investigación judicial y la posibilidad de que los sospechosos del ataque terrorista fuesen interrogados en suelo iraní.
El acuerdo fue aprobado por el Congreso argentino, de mayoría oficialista, pero nunca llegó a aplicarse por la negativa del Parlamento iraní a ratificarlo.
El memorándum recibió numerosas críticas, entre ellas por parte de Nisman, que lo consideró una “indebida intromisión del Poder Ejecutivo en una esfera exclusiva de la función judicial” y “un atropello a derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional”.
Según sostuvo hoy Nisman, la negociación impulsada por Fernández incluyó un diálogo “directo” con Mohsen Rabbani, quien “evaluaba todo lo relacionado con el plan”.
El secretario general de la Presidencia argentina, Aníbal Fernández, desestimó la acusación y consideró que se trata de “una ridiculez pocas veces vista”.
“Es un manotazo de ahogado típico de alguien que responde a otras estructuras”, agregó Fernández, quien anticipó que el Gobierno estudia “cómo reaccionar” ante la demanda judicial.
Según el secretario general de la Presidencia, la mandataria se limitó a “ejercer las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional”.
La mayoría de la oposición aplaudió la denuncia y renovó las críticas contra el acuerdo con Irán.
“(El memorándum) hasta ahora sólo contribuyó a la impunidad para que el atentado a la AMIA y todas las familias no tengan justicia”, dijo el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, a través de un comunicado, en el que pidió también la dimisión de Timerman.
La denuncia ha “conmocionado” a la comunidad judía argentina, según el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Julio Schlosser.
“Hemos recibido con honda preocupación esta noticia. Para la DAIA, la causa AMIA es una cuestión de Estado. La preocupación que tenemos pasa porque hay un fiscal, que hemos visto en los títulos, en una situación que para nosotros es un vuelco inesperado”, dijo a la Agencia Judía de Noticias.
También el presidente de la AMIA, Leonardo Jmelnitzky, expresó su sorpresa y afirmó: “no preveíamos que pasara una cosa así”.
El atentado contra la AMIA, el 18 de julio de 1994, causó 85 muertos y 300 heridos, y fue el segundo contra una institución judía en Argentina.
Dos años antes explotó una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires que causó 29 víctimas fatales.
La comunidad judía atribuye a Irán y a la organización Hizbulá la planificación y ejecución de ambos atentados. EFE