Rafael Narváez, abogado y defensor de DDHH deploró que el Presidente de la República haya pasado por alto el tema de la criminalidad y los altos índices de violencia en el país. “El año pasado, murieron 132 funcionarios policiales y 78 mujeres por el hampa y en lo que va de 2015, llevamos un promedio de 400 cadáveres por muertes violentas, 80 por ciento de ellos por armas de fuego. Ni un sentido pésame a los familiares por parte del Presidente Maduro, que ignoró esta realidad en su Memoria y cuenta”.
Condenó que el Presidente Maduro no hiciera alguna propuesta ante la Asamblea Nacional para combatir el segundo problema más importante del país, como es el de la inseguridad. “Este es un flagelo que se ha venido desbordando y el Presidente evitó hablar de los más de 24.000 homicidios ocurridos en 2014. La única muerte que le importó fue la del Diputado Robert Serra, lo que confirma que en su agenda política no está contemplado el tema de la seguridad ciudadana”.
Explicó que el Estado está obligado a garantizarle la vida a los venezolanos y establecer políticas de seguridad, para que el delito tenga un grado de tolerancia que pueda ser soportado por la sociedad. Lamentó que el derecho a la vida, como derecho humano fundamental no esté en la agenda de discusión del Gobierno nacional. “Los venezolanos necesitamos tener seguridad ciudadana. Ya son 22 planes de seguridad que lamentablemente han fracasado, en buena medida porque la mayoría de los ministros que han estado a cargo son militares y no conocen la política criminal”.
Narváez advirtió que el uso con fines políticos de “algunos” familiares de las víctimas de la guarimbas es un hecho “atroz”. “El Presidente Maduro solamente recuerda 6 muertes del comité de Guarimba y resulta que hay 34 más que están esperando justicia, porque el Ministerio Público no asume su responsabilidad y el Poder judicial no le interesa sancionar el delito. Todo parece indicar que hay una alianza entre quien comete el homicidio, la impunidad que es el lado oscuro de la justicia y la dejadez de los Poderes públicos que no se dedican a hacer su trabajo”.
Para el jurista, el problema de fondo consiste en que no hay prioridad para el derecho a la vida. “Mueren las personas por no tener los medicamentos necesarios y en las cárceles porque no hay un sistema de rehabilitación. La vida no le interesa en lo absoluto al Estado venezolano”.
Exigió al Defensor del pueblo recientemente designado, Tarek William Saab, que se avoque a establecer la posibilidad de un seguimiento al tema de la seguridad ciudadana porque a la población “la están matando y eso hay que detenerlo cuanto antes”.
“Presidente y ex colega parlamentario, lamentablemente su memoria la perdió allí en esa cuenta que nunca dio”, concluyó. Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad