La tormenta ya ha llegado. El presidente de México, Nieto, ha impuesto un drástico recorte a las arcas públicas para hacer frente al desplome del precio del petróleo. Ante la disyuntiva entre elevar el déficit o sacar el hacha de talar, Peña Nieto ha elegido el camino más doloroso y decidió reducir en unos 9.000 millones de dólares (el 0,7% del PIB) el gasto público.
La medida, inédita en la última década, entraña unas altas dosis de realismo político, pero también de riesgo. No solo supone un reconocimiento público de que el año en que se estrenan las fulgurantes reformas que se gestaron en la primera etapa de su mandato empieza con mal cariz, sino también una apuesta que puede desgastar aún más a su partido, el PRI, y a su propia figura. En junio se celebran las denominadas elecciones intermedias (gubernamentales, parlamentos estatales y ayuntamientos). Estos comicios supondrán una prueba de fuego para el presidente, cuya valoración actual, vapuleada por una sucesión de escándalos inmobiliarios y la tragedia de Iguala, anda bajo mínimos históricos.
Pero la decisión de cruzar el año electoral sobre la cuerda floja tiene raíces bien profundas.
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