Vladimir Padrino López no titubeó, como sí lo hicieron la fiscal general Luisa Ortega Díaz y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, sobre el decreto 008610, que avala el uso de armas “potencialmente mortales” en manifestaciones.
Al contrario, y por todo el cañón, señaló que los críticos de la medida, la mayoría grupos defensores de derechos humanos y opositores, están “descontextualizando” la esencia de las normas que regulan la actuación de la Fuerza Armada en el control de orden público.
Agregó que la resolución fue consultada con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General, pues tiene que ver con “la actuación de la Fuerza Armada en materia de orden interno y específicamente en orden público”.
“Dados los hechos de violencia que se registraron a principios del año pasado y viendo al pasado, me dije que hay que revisar de una vez por todas y escribir sobre el papel de la Fuerza Armada”, dijo en una presentación pública.
Agregó que algunos se han dedicado “a descontextualizar ese documento hermosísimo, de profundo respeto a los derechos humanos, a la vida y a los manifestantes incluso”.
“Esto es parte de una ofensiva que ha tratado de poner en zozobra al pueblo de Venezuela. Rechazamos eso, Venezuela tiene una Constitución de lujo, que dibuja un país decente y que obliga a sus hombres y mujeres a ser decentes”, aseveró.
“Hay que leer bien el contenido de la resolución. Creo que la están descontextualizando, están extrayendo con pinzas expresiones. Todo lo que está ahí está ajustado a derecho”, añadió.
Padrino dijo que con las normas se está haciendo una “doctrina” en relación a las Fuerzas Armadas y las protestas y recalcó que las manifestaciones del año pasado contra el gobierno no fueron pacíficas.
“Entendemos y sabemos por la Constitución qué es una protesta pacífica y sin armas. Pero no fue precisamente lo que ocurrió en febrero del año pasado. Pacífica y sin armas no fue lo que ocurrió, por eso es que tenemos que regular todo esto, tanto la actuación de la Fuerza Armada, específicamente de la Guardia Nacional (policía militarizada), que tiene la misión de cooperar en el mantenimiento del orden interno”, aseveró.
Entre febrero y mayo del año pasado estallaron protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos, más de 800 heridos y cientos de detenidos.
Padrino dijo que también la resolución se hizo pensando en la actuación de los militares en los desórdenes y saqueos de febrero de 1989, los sucesos conocidos como el “Caracazo”, cuando se decretó un Estado de sitio que dejó cientos de muertos.
“Es una deuda que tiene el Estado venezolano desde el 27 y 28 de febrero de 1989, cuando la Fuerza Armada salió a masacrar a un pueblo por la irresponsabilidad de la dirigencia política. Aquí estamos colocando todo en orden, haciendo una doctrina apegada a los derechos humanos y a la Constitución”, aseveró.
Padrino dijo que algunos medios de prensa se han encargado de “descontextualizar” la resolución, publicada esta semana en la Gaceta Oficial, él órgano de decisiones gubernamentales.
“Al descontextualizar, ponen en relieve lo que está por completo fuera del espíritu de toda la estructura del documento”, aseveró. “Esta es parte de una ofensiva que trata de crear zozobra en el pueblo de Venezuela”, afirmó.
Padrino admitió que el país está enfrentando problemas, por el desabastecimiento de los mercados, la alta inflación y la caída de los precios petroleros, pero llamó al país a “crecerse en las dificultades”.
El gobierno bolivariano había sostenido la tesis de que el control de orden público corresponde a la Policía y que las fuerzas militares sólo intervendrán en manifestaciones cuando aquella sea superada. (DPA/Con información de Marcos David Valverde)