El Gobierno tiene meses ya con la cantaleta de la supuesta “guerra económica”, nombre con el cual el régimen empaqueta y pretende justificar la tremenda escasez de bienes y la altísima inflación que sufrimos todos los venezolanos. La realidad es que, como todos sabemos, esta terrible situación no es otra cosa que la consecuencia de la errada política económica que se ha desarrollado en la última década y media, y que, entre otras cosas, implicó la expropiación de más de 1300 empresas, la confiscación de más de 4 millones de hectáreas, el cierre de más de medio millón de compañías y al menos 8 mil industrias, a la par de la imposición y sostenimiento de un fatídico control de cambio que se erige en principal factor distorsionador de toda la economía, y un irracional control de precios que a veces obliga incluso a vender productos por debajo de su costo de producción.
Ante este panorama, que este año ha hecho recrudecer las largas y humillantes colas frente a los establecimientos que expenden alimentos, medicinas, baterías, artefactos eléctricos y muchos otros productos, el Gobierno ha decidido ir más allá del ataque a las empresas, pasando a una nueva fase de coacción directa a los propios empresarios, ya no sólo con ofensas y amenazas, sino con persecución y hasta encarcelamiento. En este insólito capítulo, Maduro ha reconocido públicamente que él mismo “ordenó” la detención de los directivos de Farmatodo y de la cadena Día a Día, lo cual no sólo es una pésima señal para los inversionistas, sino un exabrupto jurídico que viola abiertamente la Constitución y las Leyes.
Esta conducta aberrante del Gobierno en general y de Nicolás Maduro en particular, demuestra además la poca comprensión que el régimen tiene sobre el tema económico. La intoxicación ideológica es tal, que pareciera que no logran entender que con represión y amenazas no se reactiva el aparato productivo, y que no hay algo más cobarde que el dinero. Cada espectáculo de este tipo no hace sino alejar a cualquier incauto inversionista que aún pudiera pensar que en este país vale la pena invertir dinero, tiempo y confianza. De hecho, la agresión no es sólo contra los directivos de las cadenas de medicinas y alimentos, sino que se ha extendido también a representantes gremiales, como el Dr. Rosales, quien en nombre de la Asociación de Clínicas, ha venido denunciando la crisis de todo el sector salud, que pasa por la falta de insumos y medicinas, así como por un enorme deterioro de la infraestructura y funcionamiento hospitalario.
Frente a esta grave crisis que nos consume a todos, no podemos dejar de insistir en ser propositivos y señalar cuál es el camino para superarla. Primero porque debe quedar claro que en la alternativa democrática si tenemos un proyecto de país y propuestas concretas; y segundo porque es importante que la gente entienda que el Gobierno lo hace mal porque se empeña en seguir por el camino equivocado, y no porque no tenga opciones para rectificar. En este sentido, como esquema alterno, volvemos a plantear la unificación cambiaria, el desmontaje gradual de los controles de cambio y precios, la devolución de empresas y fincas a sus legítimos dueños, la restitución de la autonomía del BCV, el respeto absoluto al derecho de propiedad, el control del gasto público y la erradicación de la mala práctica de emitir dinero inorgánico (principal causa de la inflación). Todo ello, aunado al rescate de PDVSA, la cual debe volver al esquema de eficiencia y meritocracia que la llevó a ser la segunda petrolera del mundo.
No obstante, ya sabemos que el Gobierno es ciego y sordo, y que Maduro últimamente actúa como un Sheriff del lejano oeste. Por eso, ahora que se acerca el carnaval, tal vez alguien de su entorno esté pensando en regalarle un chalequito, una estrella y un revólver -como los que usaba John Wayne-, para que se disfrace completo y mate fiebre encarcelando líderes políticos, estudiantes, empresarios y dirigentes gremiales.
Urge provocar pronto un cambio de gobierno en el marco de la Constitución. Venezuela no aguanta más tanta miseria de todo tipo.
*Diputado al Consejo Legislativo de Miranda y Directivo del CPFC
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