La reciente Encuesta Sobre Condiciones de Vida en Venezuela 2014, realizada en conjunto por las universidades Simón Bolívar, UCV, Católica Andrés Bello y algunas organizaciones sociales, arrojó una serie de datos que ilustran sobre las diversas particularidades de la inseguridad en nuestro país. Ante un Gobierno que se niega a suministrar cifras oficiales, este tipo de trabajos resultan fundamentales para comprender la realidad criminal.
La encuesta reflejó que hoy 8 (85,6%) de cada 10 venezolanos consideran que la violencia ha aumentado en el país. Una dato que se corresponde perfectamente con la realidad, ya que año tras año vemos como se incrementan todas las estadísticas criminales. Este 2015 pareciera que no será la excepción, ya que ha comenzado con una fuerte actividad delictiva, con números que regularmente solo se observan en el último trimestre del año (por ejemplo, el pasado fin de semana en Caracas se produjeron 55 muertes violentas).
Los investigadores determinaron que durante el 2014, en uno de cada tres hogares algún miembro fue víctima del delito. Ante esta realidad, la mayoría de los venezolanos siente miedo de ser atacado o robado en su vivienda (55%), de ser atacado o robado en las calles (64%) y de ser atacado o robado en los medios de transporte (78%). Esto ha influido en la vida cotidiana de los ciudadanos, ya que hoy la mayoría de la población ha limitado los sitios de diversión o recreación (62%), así como los de realización de compras (60%). El país vive bajo una especie de toque de queda.
Los cuerpos de seguridad no fueron bien evaluados. El 74,60% de las personas, es decir, 3 de cada 4, no sienten que las policías las protege. Uno de cada 6 ciudadanos manifestó conocer casos en los que la policía se vio involucrada en algún delito. Las personas sienten más protección de sus vecinos (65,60%) que de la propia policía. Esta desconfianza ha traído, entre otras consecuencias, que hoy el 65,70% de los crímenes no sean denunciados (la cifra negra del delito).
Hoy 9 de cada 10 ciudadanos considera de regular a malo el trabajo de la justicia penal. Asimismo, solo el 6% evalúa positivamente el sistema penitenciario. La inmensa impunidad con la que actúan los delincuentes y el desastre que existe en nuestras cárceles, avalan la percepción de la gente.
Las personas manifestaron como medidas para reducir la inseguridad, el aumento del número de policías (41,6%), la depuración y dotación de los cuerpos de seguridad (34,14) y la participación de las comunidades en las iniciativas de seguridad ciudadana (14,1%). Lo que tuvo un profundo rechazo es la negociación o realización de pactos con las bandas delictivas. En este sentido hay que destacar las declaraciones que el Viceministro de Interior y Justicia, José Vicente Rangel Ávalos, le brindó esta semana a un medio de comunicación (Contrapunto.Com. 11/ 02/2015), en las cuales afirma que ha negociado con “El Picure” (el sanguinario líder de una megabanda criminal que azota a los estados Guárico y Aragua) y que hasta “ha comido con él”. Esto es algo muy grave, ya que este funcionario no tiene competencia alguna para “negociar” con ningún delincuente (a los cuales únicamente hay que aplicarles la ley) y, además, está demostrado que este tipo de acciones solo sirven para fortalecer al hampa (allí están las llamadas “Zonas de Paz”).
El documento termina señalando que en un país no puede existir calidad de vida “cuando la probabilidad de ser asesinado es alta, cuando se es víctima del robo, cuando hay miedo y no se puede salir, y cuando no se confía ni en la policía ni en el resto de las instituciones de justicia”. Una gran verdad.
Twitter: @luisizquiel