Los abogados de la defensa del rey Juan Carlos de España han recurrido ante el Tribunal Supremo la admisión a trámite de la demanda de paternidad interpuesta contra él por una ciudadana belga llamada Ingrid Sartieau.
Según informaron fuentes jurídicas, Sartieau también ha recurrido la resolución de la Sala de lo Civil del Supremo de admitir su demanda, ya que considera que no se le ha dado respuesta a la petición de prueba de ADN que solicitaba.
El pasado 14 de enero este tribunal español admitió a trámite una de las dos demandas de paternidad presentadas contra Juan Carlos de Borbón, quien accedió al trono en noviembre de 1975 y que en junio pasado abdicó en favor de su hijo Felipe VI.
La resolución de los doce magistrados de la Sala de lo Civil consideraba “insuficientes” los medios de prueba presentados por Sartieau para que la demanda de paternidad contra Juan Carlos de Borbón prosperara, pero sí suficientes para admitirla a trámite.
Los jueces, que rechazaron otra demanda de paternidad presentada por el ciudadano español Albert Solá, explican que Sartieau presentó como prueba de su demanda un acta notarial que refleja las declaraciones de su madre “sobre algunas circunstancias de lugar y tiempo de la afirmada relación sexual esporádica que produjo la concepción”.
Además, presentó otros documentos como “la afirmación de algunos contactos con personas de las que se dice son parientes” de Juan Carlos de Borbón y pruebas de ADN entre ella y Solá.
El alto tribunal consideró también que en este momento procesal, en el que no se había dado audiencia al Rey, su inviolabilidad no debe impedir la admisión a trámite de la demanda.
Juan Carlos de Borbón es aforado ante el Supremo -solo puede ser juzgado por este tribunal- desde el pasado mes de julio, cuando el Parlamento aprobó la reforma legal para incluirle junto a la reina Sofía, la reina Letizia y la princesa de Asturias.
Hasta entonces había un vacío legal, solo existía la inviolabilidad de la figura del monarca establecida por la Constitución.
La decisión de Supremo implica que se celebrará una vista pública en los próximos meses con toda probabilidad, la cual podrá ser o no a puerta cerrada, e incluir o no el interrogatorio al afectado. EFE