A través de un comunicado el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar se pronunció ante los diversos acontecimientos que han venido afectando profundamente la vida nacional, donde rechazan la medida anticonstitucional de la resolución 8610 así como también repudian los retardos procesales ilegales contra los estudiantes que hasta la fecha permanecen detenidos.
A continuación el comunicado:
Nos hacemos eco de la preocupación ante una medida anticonstitucional que ha causado un severo impacto dentro y fuera del país, como lo ha sido la aprobación de la resolución 8610, contenida en la Gaceta Oficial 40.589, donde se establece el uso de armas de fuego y la participación de militares en el enfrentamiento de manifestaciones públicas hasta, incluso, producir la muerte de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas están formadas para la guerra; según la Constitución vigente, deben velar por la seguridad y defensa del país, no deben, en ningún caso, atacar a los ciudadanos.
Además, existe la prohibición expresa de usar armas de fuego en manifestaciones públicas en ese máximo instrumento jurídico nacional, que se atiene al respecto a diversas convenciones internacionales. Hasta la ONU se ha pronunciado sobre la ilegalidad de esa medida, contraria al derecho y que pretende, por medio del terror, impedir la expresión libre del pensamiento y la contención por vía de la fuerza de las manifestaciones que pudieran continuar ocurriendo en nuestro país.
En ese mismo sentido, no podemos dejar de expresar nuestra indignación por los eventos ocurridos el pasado 10 de febrero en San Cristóbal, Estado Táchira, donde fueron heridos de bala tres jóvenes estudiantes, en las inmediaciones de la Universidad Católica de esa entidad, mientras ejercían su legítimo derecho a la protesta.
Tampoco dejamos de comunicar nuestro repudio porque a la fecha continúen estudiantes detenidos, con retardos procesales ilegales, hacinados entre delincuentes comunes, en cárceles inhumanas como Rodeo, Yare, o el terrorífico espacio conocido como La Tumba del SEBIN de Plaza Venezuela. Exigimos, por tanto, la libertad inmediata de los jóvenes estudiantes injustamente detenidos desde el año pasado por protestar y de los demás presos de conciencia, cuya prisión constituye, sin duda, una vergüenza para el gentilicio venezolano.