“¿Qué más hará falta para que los gobiernos de América Latina levanten su voz en contra de la violación de derechos humanos en Venezuela?”. La pregunta la lanzaba el expresidente colombiano Andrés Pastrana tras la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acusado por el Gobierno de Nicolás Maduro de estar detrás de un presunto golpe de Estado, publica El País.
Otros expresidentes como Álvaro Uribe o Sebastián Piñera comparten su preocupación. No son los únicos. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se ha desgañitado reclamando que los gobiernos de la región “presionen” a Venezuela en relación con los derechos humanos. Pese a todo, la primera reacción mayoritaria de los gobernantes de la región ha sido, una vez más, el silencio.
Apenas Estados Unidos, al que Caracas acusa de estar involucrado en los presuntos planes golpistas, ha salido abiertamente al frente a negar los señalamientos y manifestar su “profunda preocupación” por la “escalada de intimidación” del Gobierno venezolano, según Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para la región. Jacobson también instó a la región a que “trabaje para asegurar que el gobierno de Venezuela cumpla su compromiso común con la democracia”.
Según el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, la organización sudamericana ya está en ello. El colombiano anunció en Radio Caracol que los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia viajarán la semana próxima a Venezuela, tras lo cual podría celebrarse una reunión extraordinaria para examinar “posibles salidas” a la situación. “El hecho de que uno esté haciendo una tarea discreta no quiere decir que no tengamos una preocupación sobre el futuro de Venezuela, ni que estemos haciendo nada. Estamos trabajando”, aseveró. Algo insuficiente, considera Santiago Canton, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ahora director del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos. “Ya es tarde”, denunció, y acusó a Unasur de “complicidad” en la situación actual venezolana. “Tal vez hagan algo ahora, pero ya son responsables, en particular Unasur”, subrayó, aunque tampoco restó responsabilidades a otras organizaciones regionales que tampoco “han hecho nada”. Porque no solo la Organización de Estados Americanos (OEA) cuenta con una Carta Democrática, recordó; también Celac, Unasur o Mercosur tienen cláusulas de derechos humanos. “Estas organizaciones son responsables de lo que está pasando”, afirmó Canton.
La diputada opositora María Corina Machado pidió a la OEA una reunión de emergencia para tratar la situación. El secretario general saliente, José Miguel Insulza, reconoció la “fuerte alarma” provocada por la forma en que fue detenido Ledezma y llamó a “detener los hechos que conducen a una espiral de polarización y que hace imposible la búsqueda de acuerdos que reúnan la voluntad de todos los sectores”.
Para el presidente del laboratorio de ideas del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, no se trata de una falta de preocupación de los gobiernos regionales. “No saben qué hacer porque incluso las críticas más suaves de los líderes latinoamericanos han sido recibidas con una respuesta agresiva de Maduro”, explicó. “Los gobiernos latinoamericanos tienen la sensación de que Maduro no es susceptible a presiones externas”, señaló, “pero eso no es excusa para no adoptar una postura pública decidida”.