El alcalde metropolitano Antonio Ledezma fue involucrado en una supuesta conspiración por una confesión: la del teniente coronel retirado José Gustavo Arocha Pérez, detenido desde mayo de 2014 en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Tras más de seis meses encarcelado, el militar habría acordado declarar en contra de varios dirigentes políticos, lo que se convierte en una de las principales pruebas que maneja la Fiscalía en contra del líder del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP). laverdad.com / Juan Pablo Arocha
Omar Estacio, abogado de Ledezma, explica que en las pruebas contra el alcalde se suma también un supuesto audio del dirigente estudiantil Loreth Saleh donde reconoce el peso político de Ledezma y el documento con ideas para la transición -publicado en prensa- que firmó la autoridad metropolitana en conjunto con la exdiputada María Corina Machado y el preso político Leopoldo López. “Ledezma podría pasar 28 años preso. Antonio enfrenta la posibilidad de ser condenado a 28 años de cárcel por cometer delitos que no tienen sustento”, defiende el abogado en entrevista con La Verdad.
Ledezma fue acusado el viernes por la Fiscalía de conspiración y asociación para delinquir, violaciones en las que Estacio está seguro que el alcalde metropolitano está lejos de haber incurrido. Advierte además que existe una jurisprudencia previa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), precisamente en respuesta a una demanda introducida por el propio Ledezma contra el fallecido Hugo Chávez, donde se determinó que la conspiración está asociada directamente contra el atentado a la forma republicana.
“El TSJ dijo que para que se configure el delito de conspiración hay que atentar contra la forma republicana que se ha dado la nación, que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, para que en vez de tener una república democrática tengamos una monarquía. A Antonio no se le ha imputado que quiera cambiar la forma republicana, lo que se le esta imputando es otro delito”, analiza Estacio.
Los fallos de fondo en los que ha incurrido la Fiscalía, adicional a las violaciones al debido proceso que la defensa denunció por la violenta captura, serán parte del proceso judicial. Tampoco cree que sea sustentable la acusación hecha por Arocha Pérez, quien -de acuerdo a lo que publicó el diario Últimas Noticias en diciembre pasado- habría sido detenido y juzgado por la Corte Marcial de la Fuerza Armada Nacional por el delito de dilapidación de fondos de esa institución, pero en beneficio de rebajarle la pena relató su participación en reuniones “conspirativas” en México, EEUU y Caracas con la intención de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.
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