La clave de la transición y el cambio será lograr, lo más rápido posible, la normalidad operativa en los diferentes organismos del gobierno, tanto en el ámbito nacional, como en el estadal y el municipal. Para esto, para que el Estado se ponga en marcha y comience su tránsito hacia el desarrollo, hace falta fortalecer la gobernabilidad, algo que debe lograrse mediante una perfecta coordinación del poder civil con el poder castrense; el desmontaje de los estamentos paramilitares y de grupos guerrilleros; la reducción y desarme de los colectivos; el control y posterior depuración de los órganos policiales; la lucha frontal contra la delincuencia y también contra la corrupción; la desarticulación de la red informal de medios de apoyo y propaganda al régimen así como lograr el equilibrio de los medios formales que se dedican a lo mismo; el diálogo y la negociación con las facciones políticas que representen lo que quedaría del actual régimen; reestablecer el imperio de la ley; garantizar los derechos humanos así como el justo proceso y el derecho a la defensa; devolver la independencia a los poderes públicos; restituir el estado de derecho, y orientar la gestión del gobierno a reducir los alarmantes niveles de pobreza que aquejan a la mayoría de los venezolanos.
Durante la transición, debemos estar preparándonos para el advenimiento del cambio; esto pasa por planear una serie de acciones que tienen que ver, entre otras cosas, con la emisón de mensajes a los empleados públicos para que ellos puedan garantizar la integridad de las instalaciones como de los activos y equipos, archivos, planes, manuales, normas, planos, mapas y sobre todo, la información contenida digitalmente en servidores, estaciones de trabajo y cualquier medio electrónico de almacenamiento de datos. Se trata de instarlos a que eviten la destrucción de instalaciones y la pérdida de información y data clave. No hay sino que recordar, la destrucción que ocasionó Cabello cuando se vio obligado a entregar la Gobernación de Miranda. Pero estos mensajes deben ser también dirigidos a los miembros del actual gobierno, señalando su responsabilidad penal, civil y administrativa, en caso de daños graves a las instalaciones y de desaparición de información.
Las auditorías financieras deben apuntar a la determinación de la cuantía de activos, pasivos, ingresos y gastos; mientras que las auditorías operativas, deben dar cuenta de la gestión: programas en ejecución y su alcance así como su efectividad al igual que el análisis del costo beneficio de dichos programas. La evaluación de las obras en ejecución y su progreso al igual que su avance, o su retardo así como paralización, si fuera el caso, será también parte de estas auditorías operativas. El diseño de una estructura organizativa compacta, ágil y flexible y la localización de personal calificado para los altos cargos y puestos clave, es una necesidad a cubrir.
Para el caso de Desarrollo Urbano y Vivienda, determinar a las primeras de cambio, si existe un inventario actualizado de terrenos públicos; ubicar el listado de los urbanismos en desarrollo con la determinación de sus características y número de viviendas a construir, municipio por municipio y estado por estado; localización del registro nacional de vivienda con la indicación del número las personas inscritas y de su estado de necesidad; búsqueda de los estudios y mapas indicativos de las zonas vulnerables, para tomar medidas y anticipar catástrofes (estudios de microzonificación de barrios); determinar con precisión cuantas personas hay en los refugios y albergues habilitados; averiguar si existe un inventario de terrenos invadidos; restablecer los contactos con los estudios de arquitectura que elaboraron proyectos para la habilitación física de los barrios, actualizar en un manual la normativa para la elaboración de los PDUL, de la llamada Guía Minfra, y las normas para los cálculos requeridos de superficies mínimas, necesarios para la determinación de los equipamientos urbanos, de este mismo organismo, son algunas de las acciones básicas requeridas.