Estados Unidos comienza el proceso para congelar los bienes de dirigentes chavistas, publica ABC de España, en un reportaje de Emili J. Blasco, corresponsal en Washington.
Nunca el Gobierno venezolano había sufrido tanta presión internacional como en estos momentos. La condena generalizada de las última acciones policiales, con la muerte entre otros de un niño de 14 años, ha puesto en una situación aún más delicada a Nicolás Maduro, que a lo largo de esta semana ha intentado no echar más gasolina al fuego.
Al tiempo que se multiplican las protestas verbales por la violencia policial y la falta de libertades en Venezuela, Estados Unidos ha pasado ya a la acción. Según fuentes conocedoras de la iniciativa, la lista de sancionados sería incluso más larga que la avanzada en su día por el Congreso y podría alcanzar a unas cien personas.
A diferencia de los grandes protestas de hace un año, que acabaron con 43 muertos, esta vez la represión no está siendo «tapada» por otros acontecimientos aún más graves, como ocurrió a principios de 2014 con la revuelta en Kiev, la capital de Ucrania, que se saldó con un centenar de víctimas mortales.
El 19 de febrero, miembros del servicio de inteligencia venezolano detuvieron al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, perteneciente a un partido de la oposición. Después se sucedieron protestas rememorando las marchas de hacía un año. En solo una semana cayeron por disparos de la Policía seis jóvenes. Uno de ellos era Kluiberth Roa, de 14 años, muerto en la ciudad de San Cristóbal.
Erick Roa, padre de Kluiberth, criticó a Maduro por la versión gubernamental ofrecida sobre la muerte de su hijo. «Presidente, no tiene por qué decir tantas idioteces, porque son idioteces lo que ha dicho, yo quiero que digan la verdad, porque no es solamente el policía que está preso, el niño como lo llamo yo, porque es otro niño de apenas 23 años; había un comandante que lo comanda a él, está el motorizado que andaba con él, hay mucha más gente detrás de esto», declaró, informa el medio venezolano «La Nación». Aunque en términos comedidos, notable ha sido la condena expresada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuyos pronunciamientos sobre el vecino país le resultan inevitablemente delicados. No menos notoria ha sido la toma de posición del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, político generalmente apaciguador.
«El futuro se puede construir solo si ambas partes se sientan a dialogar. De otra forma, va a ser muy difícil encontrar salida a los problemas que se están viviendo en Venezuela», dijo el presidente colombiano. Santos protestó por la detención del alcalde metropolitano de Caracas y ofreció la mediación de la troika de Unasur, compuesta por los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia. El mandatario, de todos modos, atemperó su actitud con un agradecimiento a Caracas por su ayuda en las negociaciones que Bogotá mantiene con la guerrilla de las FARC.
Condena de la violencia
Por su parte, el secretario general de la OEA, a punto de dejar el cargo y ya con menos necesidad de acomodo, pidió al Gobierno de Maduro que dialogue con la oposición. Insulza condenó la violencia «venga de donde venga» e instó a «crear las condiciones para generar un espacio democrático en que ese diálogo inclusivo sea posible». Sus declaraciones no han gustado nada a Maduro.
Entre las reacciones internacionales también destaca la del secretario general de Naciones Unidas. De acuerdo con un comunicado emitido por su oficina, Ban Ki-moon «expresó su preocupación por nuevos informes de violencia y la pérdida de vidas en Venezuela». El alto funcionario «ha tomado nota de la voluntad del Gobierno para llevar a cabo una investigación completa».
Organizaciones mundiales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) también se han pronunciado. «Venezuela debería liberar a las personas que fueron detenidas arbitrariamente y llevar ante la Justicia a los responsables de los abusos cometidos en contra de manifestantes», afirmó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW). Vivanco apeló a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a confrontar la actitud del Gobierno de Maduro. Y lamentó que solo Colombia y Chile se hayan pronunciado contra los últimos acontecimientos.
La prensa internacional también ha sido contundente. De gran peso son los editoriales publicados por «The New York Times» y por «The Wall Street Journal», diarios que no suelen prestar gran atención a Iberoamérica. «Ya es hora de que Estados Unidos y sus aliados comiencen a llamar por su nombre a la tiranía que hay en Venezuela», según el WSJ.