Han venido a España para estudiar, pero hay una lección que traen ya bien aprendida de su país: «En Venezuela manifestar tu opinión es delito y la condena puede ser pagar con la vida», aseguran. Esa es la enseñanza que de la trágica muerte de Keylorth Roa, el muchacho de 14 años abatido por balas de la Policía el pasado martes en San Cristóbal de Táchira, han extraído los jóvenes integrantes de la delegación española de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en el Exterior (AEVE). Así lo expresaron el pasado viernes en una rueda de prensa en Madrid, capital europea donde han recalado atraídos por su oferta académica y repelidos por la situación de violencia, desabastecimiento y tensión política de su patria.
En España los arropan instituciones académicas públicas y privadas y también activos miembros de la oposición venezolana. Uno de ellos, Alberto Pérez, miembro de Voluntad Popular, dijo lo que, según ellos no puede decirse libremente en Venezuela: Es sencillamente atroz ver a un niño de 14 años morir por un disparo en la cabeza de un policía.
La indignación se ha desbordado por la muerte de Roa, una más desde que el pasado mes de febrero estallaron las protestas contra el Gobierno de Nicloás Maduro. Según observadores como la ONG Amnistía Internacional, van al menos 44. Para los jóvenes de AEVE, en nada palia la situación que Javier Mora, el funcionario de 23 años que, presuntamente, disparó a bocajarro al chaval esté formalmente acusado de homicidio intencionado. Tampoco que el presidente Maduro se apresurara tras la noticia a afirmar que «en Venezuela está prohibida la represión armada».
La última víctima mortal de los enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes ha vuelto a poner el foco sobre la controvertida resolución 08610 del Ministerio de Defensa, que autoriza a los militares el empleo de «fuerza potencialmente mortal» como «último recurso» para mantener el orden en manifestaciones que se tornen violentas. Tan polémica disposición ha sido denunciada por destacados juristas que afirman que choca con el artículo 68 de la Constitución, que prohíbe explícitamente «el uso de armas de fuego y otras sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas».
«Verdades» como esta, alegan los disidentes, no pueden expresarse sin cortapisas en la República Bolivariana. Así que España se ha convertido para ellos en un santuario donde pueden estudiar y, además, decir sin temor a represalias lo que piensan. Más que eso. Actores españoles se han convertido en el vehículo mediante el que elevar sus demandas hasta altas instancias internacionales. Esta misma semana, los grupos mayoritarios en el Parlamento Europeo demandaron la puesta en libertad del encarcelado alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el fin de la violencia, una iniciativa promovida por los diputados españoles de PP y UPyD. Alberto Pérez, de la opositora Voluntad Popular, agradeció que «España está siendo nuestra puerta de entrada» y enfatizó que la introducción de la problemática venezolana en la agenda comunitaria es fruto de «un trabajo de lobby político de años».
Desbarajuste financiero
Pero, según el relato de los universitarios, no es el clima político opresivo ni la «brutalidad» de las fuerzas del orden las únicas armas con las que el régimen chavista los hostiga. Muchos sufren el otro gran desbarajuste de la Venezuela actual, el financiero. Proceden en su mayoría de familias con cierto poder adquisitivo, la «burguesía golpista», para la retórica oficial, y tienen el dinero para pagar sus estudios en el exterior, pero las autoridades no les permiten sacarlo del país. Para evitar la hemorragia de divisas que desangra unas arcas públicas castigadas en los últimos meses sin piedad por la caída del precio del petróleo, el Gobierno ha hecho cerrar todavía más el puño al Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), el antiguo Cadivi.
Todo venezolano que quiera cambiar una cantidad significativa de moneda nacional por dólares o euros debe dirigirse a este organismo para obtener la imprescindible autorización y los miembros de la organización estudiantil se están encontrando con que sus peticiones son rechazadas por sistema: «Ha habido instituciones como la Universidad de Alcalá de Henares que aceptaron prorrogar los plazos de pago, pero otras ejercieron presiones para que los estudiantes pagaran y muchos han terminado yéndose de España como si fueran delincuentes», deuncia su secretario, Henry Sosa.
TOMÁS RAMÍREZ: Era reportero de sucesos y comprendí que Caracas no es el lugar para formar una familia
A sus 29 años, el caraqueño Tomás Ramírez busca cómo ganarse la vida en Madrid. En su país le dio tiempo a hacer muchas cosas, entre ellas a ejercer como reportero de sucesos, pero decidió dejarlas todas porque vio «cosas horribles que me hicieron darme cuenta de que Caracas no es precisamente el mejor lugar para formar una familia». Asegura que el activismo juvenil contra el Gobierno obedece a que «Venezuela no es una democracia y la Universidad es el único espacio verdaderamente democrático que queda».
ANA VILLALOBOS PRADA: Quiero trabajar en derechos humanos y en Venezuela es imposible
Lleva cinco meses en España y estudia un máster en la Universidad de Alcalá. Con 24 años, asegura que en Venezuela no encuentra cómo satisfacer su vocación. «Estudio un máster sobre derechos humanos aquí porque en mi país es imposible trabajar en esta materia». Su estancia en Europa la ve, de momento, como temporal, pero dice saber que «a mi edad lo que se busca es un proyecto de vida y en Venezuela a lo más a lo que se puede aspirar es a sobrevivir».
ANDREA DE SOUSA: Elegí estudiar algo que pudiera ayudar al cambio en Venezuela
Es compañera de Ana en la facultad y también tiene 24 años. Cuenta que cruzó el charco pensando en que sus ilusiones coincidieran con lo que ella cree que necesita Venezuela: «Elegí especializarme en derechos humanos para contribuir a que el cambio político llegue a mi país», cuenta, y añade que «lo que nos diferencia a los jóvenes es que somos más arriesgados». Otro de los aspectos que la empujaron fue «abrirme, tener una visión distinta a la de allá».
ORLANDO MÁRQUEZ: La única ayuda que recibí me la dio el Consulado español en Caracas
Este ingeniero de 34 años está casado con una mujer que tiene la doble nacionalidad venezolano-española. Ese fue un acicate para dar el paso de ampliar su formación en España, pero, según relata, las autoridades de su país no hacen más que ponerle trabas. «La única información útil me la dieron en el Consulado español en Caracas, pero Cencoex ha denegado todas mis solicitudes sin que yo haya conseguido entender por qué». Lleva meses en Madrid sin haber podido iniciar los estudios que vino buscando».
Vía abc