Inti Rodríguez, coordinador de Investigación de Provea, exhorta al uso de la Constitución como “el consenso mínimo que debe haber para reconocernos todos, unos a los otros”. El activista reconoce avances en el plano social durante el gobierno de Hugo Chávez, pero cuestiona que, en paralelo, se consolidó ???un modelo ajeno al que está contemplado en la Constitución Nacional”.
Desde Ciudad Guayana, Rodríguez habla sobre la necesidad de fortalecer y cohesionar a las organizaciones defensoras de derechos humanos en las regiones y de la construcción de una sociedad civilizada, desprovista de la barbarie que, por estos días, es cuestión de rutina.
Marcos David Valverde/ Correo del Caroní
Es la tarde lluviosa del 27 de febrero de 2015. Hace 26 años, Venezuela ardía con literalidad y, sobre esas cenizas, las del Caracazo, se encaramaron muchos para encaramarse, después, en la burocracia bajo la promesa de justicia.
Pero no ha habido justicia. Entelequia, quizás. Pero no justicia. En contraposición, un puñado de organizaciones asume ese trabajo de manera consistente y sin ínfulas protagónicas.
Una de ellas es el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) fundado meses antes de aquella turbulencia (15 de octubre, año 1988). El lema de esta organización -“todos los derechos para todas y todos”- lo repiten y hacen cumplir todos los que la integran. Uno de ellos, Inti Rodríguez, su coordinador de Investigación.
– Hay una disonancia porque en un gobierno que se asume de izquierda, obrerista y humanista, se han incrementado los tratos crueles e inhumanos. En este caso, cómo actúan organizaciones como las de ustedes para desmontar el aparataje mediático?
– Mira, lo primero es establecer una comparación histórica entre lo que estamos viviendo ahora en materia de actuación policial, de represión y de medidas económicas, y lo que ya hemos vivido con el presidente Maduro en Venezuela. Hoy, a 26 de años del Caracazo, podemos asegurar que buena parte del paquete económico y represivo que se aplicó en 1989 se está aplicando de la misma forma. Hemos dicho que, a pesar de que el presidente Maduro se afirma como obrero, toda su política ha estado dirigida a restringir los derechos de los trabajadores. Todo eso se ha consolidado con Maduro.
– ¿Y ya con Hugo Chávez ese andamiaje no estaba montado?
– Sí. El presidente Chávez caracterizó su gestión por la consolidación de un modelo ajeno al que está contemplado en la Constitución Nacional. Ahora, si bien es cierto que durante el gobierno de Hugo Chávez hubo un proceso de exclusión política, hubo avances en la inclusión social con las misiones. Hoy en día hay un proceso de regresividad. Es decir, a la exclusión política se suman la exclusión social, un proceso de estancamiento y el retroceso en muchos de los avances que se lograron.
– Aunque sí hubo avances en ese sentido, hay que recordar el incremento de los índices de corrupción en los años de Hugo Chávez.
– Por supuesto. Uno de los legados más negativos del presidente de Chávez fue el debilitamiento de la institucionalidad democrática y el debilitamiento de la separación de los poderes. La pérdida de autonomía de los poderes en el país ha generado esta situación que tenemos ahora. No hay mecanismos de control. Hay unos tribunales que no responden a la búsqueda de la justicia de los ciudadanos, y la corrupción es una consecuencia de ello.
A lo interno
– Esta semana ha sido convulsa por el asesinato de Kluiverth Roa y de otros jóvenes. En ese sentido, ¿las organizaciones como ustedes tienen un tope por la cantidad de casos porque el Estado no actúa?
– El año pasado, en el caso de Provea y de varias organizaciones, nos vimos superados por la cantidad de situaciones que ocurrieron en el país, con tantas violaciones. Desde el punto de vista físico no nos damos abasto. Sin embargo, hemos aprendido que es necesario fortalecer el activismo y las organizaciones que están en las regiones.
– ¿Cree que existe cohesión absoluta y confianza entre esas organizaciones para lograrlo?
– Cohesión absoluta no existe. Es un proceso lento porque hay organizaciones con tiempo en las regiones y otras se conforman en poco tiempo. Pero entre esas diferencias hay que buscar los puntos de coincidencia, y los puntos de coincidencia son la defensa de las víctimas, darle un apoyo de primera mano a la situación de las regiones y aumentar la capacidad de respuesta en el país.
– Hay una multiplicación de organizaciones que se presentan como defensoras de derechos humanos pero esconden algo turbio, incluso lavado. De hecho: se fundan para eso. ¿No es eso un riesgo en cuanto a manchar el nombre de las organizaciones de trayectoria?
– Mira, los riesgos existen. Quien defiende derechos humanos debe asumir las obligaciones y los riesgos que implica ser un defensor de derechos humanos, que no es estar sentado en un escritorio con el objeto de ser protagonista o salir en prensa. Es estar en el escritorio pero, al día, siguiente, estar en el barrio, en la cárcel o estar tragando bombas junto a la gente. Sin embargo, la coherencia que han demostrado organizaciones como Provea o Cofavic es lo que brinda la credibilidad. Con errores, desde luego, pero con mucha coherencia. La manera en que nosotros criticamos a Nicolás Maduro por la violación de derechos humanos era la misma forma en la que lo hacíamos en el año 92 o 95. La forma como velamos por el respeto de derechos humanos a Hugo Chávez es la misma en la que lo hacemos hoy.
– Hay mucho, también, de falso altruismo.
– Como todo, pues. Hay quien utiliza esto como plataforma política o para conseguir recursos, pero así esas situaciones ocurran, el gobierno no puede tener eso como excusa para criminalizar las organizaciones.
Entre todo, optimismo
– 25 mil asesinatos en 2014. 2015 empezó con la profundización del problema de las colas. El decreto 8610, entre otras cosas. ¿Están definitivamente cercados los derechos humanos en Venezuela?
– Se está cerrando el cerco, con un andamiaje jurídico que construye un Estado policial que debilita cada vez más los derechos humanos en el país. Difícilmente ahora se puede cargar sobre los hombros de la gente la crisis que ha generado el Estado en materia de derechos sociales. Y si hablamos de los derechos civiles y políticos, es más evidente el cerco que hay. La manifestación pacífica es el derecho más amenazado en lo cotidiano. Además del decreto 8610, se han creado figuras militarizadas para atender ese fenómeno de la conflictividad, como el Sistema Popular de Protección para la Paz, brigadas especiales para grupos generadores de violencia, fuerzas de choque, el Comando Popular Antigolpe, milicias obreras, milicias comunales… todo acompañado por el andamiaje jurídico y con un discurso que criminaliza.
Entonces, en el plano de dos derechos esenciales para la construcción de una democracia participativa y protagónica, que son la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, hay un cerco que se va cerrando y que se da en materia de derechos sociales por el paquete de medidas del gobierno del presidente Maduro.
– Ese lema de Provea, “todos los derechos para todas y todos, ¿no es una quimera?
– ¡Nooo, no es una quimera! Sigue siendo parte de una lucha histórica, una consigna que debemos reivindicar porque todos los venezolanos tenemos derecho a una vida mejor, tenemos un piso político, social, una Constitución que es muy avanzada en materia de reconocimiento de derechos humanos. Ese es el consenso mínimo que debe haber para reconocernos todos, unos a los otros. Hay situaciones preocupantes que nos afectan a todos y juntos podemos encontrar la solución. La lucha que libraron los movimientos sociales en los años 80 y en los 90, que se sigue librando ahora, es una lucha para mejores condiciones de vida, y esa lucha debe ser de todos los venezolanos. Por eso todos los derechos para todas y todos tiene que ser una de las principales consignas que muevan a los venezolanos en este momento.
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