La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, consideró hoy que se deben hacer “correcciones” en el contenido de la resolución publicada por el Ministerio de la Defensa de ese país que permite a las Fuerzas Armadas (FANB) el uso de armas potencialmente mortales para controlar manifestaciones.
“Yo creo que a esa resolución hay que hacerle correcciones, además rectificar es de sabios, yo no veo problema en que se le hagan algunas correcciones, esa es la opción de la fiscal”, dijo Ortega Díaz durante una entrevista en el canal privado Globovisión al ser consultada sobre el texto legal publicado hace más de un mes.
La resolución 8610 aprobada en gaceta oficial el pasado 29 de enero regula la actuación de la FANB en el control de manifestaciones y protestas y la autoriza, cuando la situación lo requiera, a emplear el “método del uso de la fuerza potencialmente mortal” durante las manifestaciones.
El texto ha sido criticado por partidos políticos, activistas de derechos humanos y estudiantes que, desde su publicación, han solicitado su nulidad ante el Tribunal Supremo venezolano, al considerar que es inconstitucional el uso de armas de fuego en manifestaciones pacíficas.
La fiscal, que señaló que el funcionario policial o militar “debe de permanecer estoico” y preparado frente a los insultos, resaltó también la importancia de que los cuerpos de seguridad actúen sin armas de fuego en el control de manifestaciones en respeto a los derechos fundamentales.
“La política del Estado venezolano es una política de respeto a los derechos humanos, aquí en nuestra constitución está proscrita la violación a los derechos humanos”, añadió.
En la misma jornada, opositores al Gobierno de Nicolás Maduro anunciaron una marcha de mujeres, el próximo domingo 8 de marzo, en protesta por ese texto legal.
La opositora María Corina Machado, principal promotora de la movilización, insistió hoy en que esta resolución “pretende darle licencia” a la FANB para “matar a los más jóvenes” venezolanos.
Las criticas contra la norma se incrementaron luego de la muerte durante una protesta de un adolescente de 14 años por un disparo hecho supuestamente por un policía que fue detenido el mismo día e imputado. EFE