La comunidad deportiva venezolana, recibió con mucho dolor la infausta noticia de la muerte del futbolista Carlos de Castro, Capitán del equipo Estudiantes de Mérida. El jugador de nacionalidad uruguaya, fue el que sufrió más lesiones en el accidente de autobús del pasado 31 de enero en la autopista José Antonio Páez y había sido operado para corregir fractura cervical que sufrió cuando el equipo merideño se dirigía a San Felipe a disputar un juego contra el Deportivo Lara, situación que lamentablemente no pudo superar.
El trauma ocasionado por el fallecimiento del jugador, coloca sobre el tapete una serie de interrogantes sobre la protección social de los “trabajadores del sector deportivo”. Digo trabajadores, porque los jugadores de futbol profesional así deberían ser considerados ya que al igual que otras profesiones mantienen una relación laboral sustentada mediante un contrato de servicios. Que obliga a la parte patronal a tomar en cuenta todos los factores de protección social tipificadas en la Ley Orgánica del Trabajo. Pero, es el caso, que la muerte de el jugador De Castro, dejo al descubierto una serie de irregularidades que pueden estar tipificadas como una clara Violación de los Derechos Humanos.
En primer lugar, hay que señalar, que después de los actos fúnebres, ningún organismo deportivo o gubernamental prestó la necesaria ayuda para facilitar el traslado del cadáver a Uruguay su tierra natal. Durante el velatorio, de manera hipócrita, los representantes gubernamentales se ofrecieron para hacerse cargo de los trámites requeridos para el traslado…..pero, en menos de 24 horas dejaron desasistidos a los familiares y los restos mortales permanecieron varios días en los galpones del aeropuerto internacional de Maiquetía.
En segundo lugar, nadie se responsabiliza por la deuda de 55.000 dólares que el equipo tiene con el jugador por concepto de pagos incumplidos por la prestación del servicio como jugador. El equipo Estudiantes de Mérida, no ha honrado el compromiso de pagar la Indemnización que se deriva de haber fallecido en un accidente laboral.
Queda al descubierto que la cláusula contractual referida al seguro HCM que deben tener todos los jugadores, no pasa de ser letra muerta. Tampoco, debería extrañarle a nadie, que los jugadores no hayan sido incorporados al Sistema de Seguridad Social establecido en La Ley Orgánica del Trabajo.
En fin, todos los derechos vinculados a la prestación de un servicio, en el caso de los jugadores de futbol profesional están a la deriva: Los contratos son individuales, no hay discusión colectiva acerca de los beneficios sino que son impuestos unilateralmente por la parte patronal, no se cumplen los requisitos establecidos en las leyes, no se garantiza la protección social, los pagos no se hacen en los tiempos previstos, no hay ningún tipo de cobertura o indemnización por los accidentes laborales. Esta reiterada violación a los Derechos Humanos, nos hace pensar que en materia de deporte profesional pareciera que no hemos superado la época de la esclavitud. Solo importa la explotación de los trabajadores del sector deportivo para el enriquecimiento de algunos con la protección de los entes gubernamentales y la vista gorda de las entidades deportivas. En ese esquema, queda claro que “La Vida No Vale Nada”