El abogado experto en Derechos Humanos y coordinador nacional de la Asociación Civil Defensa de los Derechos Civiles, Rafael Narváez, calificó a Caracas como la “cuna de la muerte” al asegurar que durante la última semana se contabilizaron al menos 68 homicidios. Esta cifra forma parte de la cantidad de muertes violentas ocurridas durante los dos primeros meses del año, unos 446 en enero y 420 más en febrero; es decir, 866 asesinatos de los cuales 25, fueron funcionarios policiales, 16 de ellos para despojarlos de su arma de reglamento. “Todo esto sin haber concluido el primer trimestre de 2015” resaltó.
“La inseguridad juega un segundo plano para el Gobierno venezolano. La delincuencia actúa con armas largas y granadas; uno se pregunta el por qué esas armas, si son de las Fuerzas Armadas, llegan a manos del hampa” cuestionó el jurista y destacó que ante esta situación los funcionarios policiales se sienten intimidados para actuar contra delincuentes. “Sobre todo porque, si fallecen la familia no recibe ni un pésame por parte del Gobierno, no tienen pensiones vitalicias para la familia” acotó.
En ese sentido, recordó que durante el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, a los familiares de personas que fueron víctimas de delincuencia e inseguridad se les prometió indemnizaciones, promesa que fue reeditada por el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro. “Esas promesas solo fueron un engaño y con el dolor no se puede jugar ¿Cuánto vale la perdida de un hijo, una violación o un homicidio? ¿Quién va a ponerle una cifra? A parte de eso debe haber indemnización consecuente, son gente que quedó sin ingreso familiar” expresó.
Para Narváez, los últimos once planes aplicados en materia de seguridad ciudadana “han sido un fracaso” por lo que resaltó que no existen políticas públicas eficientes para garantizar el derecho a la vida. “Al Estado venezolano no le interesa la seguridad ciudadana” insistió y remarcó que el Gobierno se ha centrado en la persecución y encarcelamiento de políticos y disidentes, dejando de lado el control hacia la delincuencia, quienes ven en la impunidad hacia sus crímenes un aliado para continuar con acciones hamponiles. “De los 25 mil homicidios que ocurrieron el año pasado no hemos visto encarcelados” dijo. Y agregó que en la Morgue de Bello Monte no existen insumos básicos para realizar autopsias.
Expuso que la actual Ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, deberá diferenciar este cargo de lo que fue su gestión al frente del Ministerio de Defensa y que el programa de desarme voluntario “fue una farsa” pues de cinco millones de armas ilegales que existen, solo fueron entregadas 300. “Estoy dispuesto a reunirme con la ministra Carmen Meléndez y discutir las cifras que confirmar que el estado es cobarde para desarmar a grupos armados, reos y colectivos” apuntó. Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad