A pesar que la noticia sobre la muerte del estudiante Kluiberth Roa a manos de un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana sigue latente en el asombro colectivo del país, comienzan a aumentar las denuncias por maltrato, amenazas, acoso y persecución de inocentes por parte de efectivos de este cuerpo policial.
La abogado Patricia Prieto consultora jurídica de la Policía Nacional Bolivariana en el Estado Zulia y profesora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) sostiene que desde hace mucho tiempo ha mantenido una batalla interna de ideas y posición jurídica dentro de la institución, recibiendo siempre amenazas y presiones para silenciar sus criterios y pensamientos legales y políticos.
La consultora que lleva varios años trabajando dentro de la mismo cuerpo policial en Maracaibo, dice ser víctima de amenazas y agresiones contra su persona, familia, vivienda y la comunidad donde habita, no solo de efectivos de la PNB sino también de colectivos armados que hacen vida en la institución, por llamar la atención y denunciar atropellos dentro del organismo.
Agrega, que su juramento como abogada en defensa de la justicia y orden legal, y su condición de miembro activo de organización de derechos humanos, le impiden mantenerse en silencio ante tanta violación del estado de derecho y lo que es más grave aún el ultraje a los derecho políticos y humanos de los estudiantes “quienes son los más afectados en estos últimos meses”.
Prieto considera que las detenciones de los estudiantes por expresar sus ideas en los últimos meses, son arbitrarias e ilegales y manifestó que el mismo maltrato reciben los funcionarios públicos que expresen su incomodidad por las acciones violentas cometidas contra los manifestantes.
“Sé el riesgo que significa para mí y mi familia hacer públicas estas aseveraciones, pero la descomposición institucional de la policía y del país en general es alarmante”, expresó la funcionaria zuliana, quién manifestó que fue suspendida de su cargo aunque aún no ha renunciado.
“Me da dolor cómo se utilizan las instituciones policiales y judiciales para silenciar el pensamiento y la disidencia política. Los casos de Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado son solo ejemplos emblemáticos de una situación que cada día se hace más grave y generalizada”, agregó.
Dámaso Jiménez