El Ministerio Público logró privativa de libertad para dos hombres y dos mujeres por su presunta responsabilidad en la muerte del instructor de kárate, Guillermo Ramón Bustamante (66), ocurrida el pasado 1º de marzo en el conjunto residencial Savoy 4, ubicado en la avenida Intercomunal de El Valle, en el Distrito Capital.
La fiscal auxiliar de la Sala de Flagrancia del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Dubraska Ruíz, imputó a Guillermo Antonio Ferrara Moreno (25) por la presunta comisión del delito de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles, en grado de coautor.
Mientras que también imputó por el citado delito, pero como cooperadores inmediatos, a Daniel David Blanco González (25), Roselis del Carmen Ferrara Moreno (22) y Gabriela Morales Materano (21).
La audiencia de presentación se llevó a cabo en el Tribunal 32° de Control del AMC, instancia que a solicitud del Ministerio Público acordó la privativa de libertad y fijó como sitio de reclusión para los hombres, el Centro Penitenciario Yare III, en el municipio Bolívar del estado Miranda.
Mientras que Roselis Ferrara Moreno será recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, en Los Teques, y Gabriela Morales recibió arresto domiciliario, debido a sus ocho meses de embarazo.
Tras haber celebrado una fiesta en uno de los apartamentos del conjunto residencial Savoy 4 en la avenida Intercomunal de El Valle, en Caracas, los hoy privados de libertad decidieron extender el jolgorio en las áreas comunes del mencionado edificio.
Aproximadamente, a las 4:00 de la madrugada del citado día, el sexagenario instructor de kárate, se acercó al grupo de jóvenes y le reclamó los ruidos ocasionados. Seguidamente, la víctima fue agredida a golpes, además de sufrir varias heridas con un arma blanca, las cuales le causaron la muerte.
Los vecinos que fueron testigos de la riña denunciaron el hecho ante la Policía Nacional Bolivariana, cuyos funcionarios, destacados en las proximidades del sector, procedieron a la detención de los dos hombres y las dos mujeres.
A partir de ese momento, quedaron a las órdenes del Ministerio Público.