El Parlamento venezolano tiene previsto aprobar en una sesión extraordinaria dominical la petición del presidente del país, Nicolás Maduro, de ser autorizado para legislar por decreto para enfrentar “amenazas” de Estados Unidos. EFE
La mayoría afín a Maduro en la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) ya aprobó el martes pasado su petición en una primera discusión y, salvo sorpresas, la ratificará en la sesión definitiva convocada para este domingo.
El permiso a Maduro contenido en una llamada “ley habilitante antiimperialista” tendrá una duración de seis meses que comenzarán a correr una vez que sea publicada en la Gaceta Oficial, presumiblemente el lunes, según lo previsto.
El gobernante no ha adelantado los contenidos de las normas que prevé sancionar una vez que sea investido de poderes legislativos extraordinarios que no requerirán de permiso ni control de la AN.
Maduro efectuó su petición un día después de que el presidente de EE.UU,, Barack Obama, declarara a su país en “emergencia nacional” tras evaluar que Venezuela se ha convertido en una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad estadounidense, algo que incluso los opositores a Maduro han tachado al menos de exagerado.
A través de una “Orden Ejecutiva”, Obama decidió además identificar a siete de un número no precisado de cargos venezolanos a los que acusa de violar derechos humanos de opositores durante las protestas antigubernamentales que convulsionaron a Venezuela durante el primer semestre de 2014.
Uno de esos opositores, un jubilado capitán de aviación comercial de 64 años de edad apresado en abril de 2014, al que se le imputaban los delitos de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego, fue hallado muerto en un centro de reclusión en Caracas este viernes supuestamente tras cometer suicidio.
Las protestas antigubernamentales de 2014 dejaron un saldo de 43 muertos, la mayoría tiroteados, entre activistas tanto de la oposición como del oficialismo, agentes de seguridad y particulares atrapados en una suerte de “fuego cruzado”.
Maduro denuncia que ello formaba parte de una intentona en su contra y sobre lo actuado por Obama lo valoró como “el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado (EE.UU.) contra Venezuela”, por lo que le pidió rectificar.
Desde la oposición venezolana, el gobernador Henri Falcón, perteneciente a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), calificó la orden de Obama de “irrespetuosa” y “amenazante”.
“Lo que estamos viendo allí que expresa el Gobierno de los EE.UU. es un documento amenazante, irrespetuoso, injerencista y por supuesto inamistoso; eso no lo podemos compartir, independientemente de la visión que tengamos frente al Gobierno (venezolano)”, expresó.
La MUD señaló en un comunicado formal que Venezuela no representa “una amenaza” para otra nación, pero que el Gobierno de Maduro sí ha vulnerado los derechos de sus nacionales.
“Venezuela no es una amenaza para ningún país. Son las políticas del actual Gobierno venezolano las que amenazan y coartan el derecho de nuestros ciudadanos a vivir y progresar en paz”, dijo la alianza.
Hay que “distinguir entre sanciones a un país y sanciones a unas personas”, pidió la MUD y calificó de “inmoral” esconderse “detrás de la bandera (nacional) para proteger una cuenta bancaria con fondos de la corrupción” o para “pretender impunidad a violaciones de derechos humanos”.
La minoría opositora en el seno de la AN se prevé que mantenga este domingo su negativa a respaldar la petición de Maduro de ser autorizado para legislar por decreto, una vez que sus diputados repiten que si Maduro alega querer defender la soberanía nacional amenazada es suficiente que aplique normas ya existentes.
En ese sentido, el diputado opositor Hiram Gaviria ha repetido que “no hace falta que se otorgue una Ley Habilitante al Poder Ejecutivo para defender la soberanía nacional, como tampoco para combatir los flagelos de la escasez, la inseguridad, el alto costo de la vida y el deterioro de la salud en el país”, problemas que la MUD achaca a una mala gestión presidencial.