Venezuela ha deportado en lo que va de 2015 a más de mil colombianos, incluidas víctimas del conflicto armado que vive Colombia desde hace más de medio siglo, quienes habían rehecho sus vidas y sufren nuevamente el drama de empezar de cero. AFP/por Lissy DE ABREU
En buses, vehículos de la policía y hasta autos particulares, autoridades venezolanas han trasladado hasta la frontera a centenares de ciudadanos colombianos para expulsarles por “permanencia irregular”, en trámites expeditos y en los que los afectados denuncian maltratos.
Juan Beltrán, de 35 años, casado con una venezolana y padre de dos niños, es uno de ellos. Llegó a comienzos de marzo a Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander (noreste), con su familia, pues su mujer insistió en que si él debía irse, se irían todos. Desde entonces vive con ellos en un refugio.
“Dos guardias nacionales (policía militarizada) me pidieron mis papeles en una cola para comprar pañales para mi bebé. Les mostré el carné que me dio Cáritas, que decía que cualquier autoridad me colaborara porque yo era solicitante de refugio en Venezuela”, contó a la AFP Beltrán, cuyo nombre ha sido cambiado por seguridad.
“Pero nos maltrataron, insultaron a mi mujer y nos sacaron forzados. Amenazaron con meterme preso si volvía”, añadió.
Beltrán, que huyó en 2010 de su natal Buenaventura, en el Pacífico colombiano, luego de que “un grupo ilegal” desapareciera a su padre y su hermano y robara sus tierras, piensa rehacer su vida en Cúcuta, trabajando como albañil y dejando atrás la casa que construyó en una ciudad del centro de Venezuela.
Unos 1.070 colombianos han sido “deportados, expulsados y repatriados” de Venezuela en 2015 “por encontrarse en situación migratoria irregular”, según la Cancillería. Las cifras, sin embargo, pueden ser mayores por el subregistro.
– “En la misma situación” –
Esta situación, que afecta tanto a las víctimas de la guerrilla, del paramilitarismo o de las bandas criminales, como a colombianos con más de 40 años en Venezuela, genera preocupación, en tanto la deportación colectiva está estrictamente prohibida por los tratados internacionales.
Para el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Martin Gottwald, “el Estado tiene derecho a tomar medidas contra personas en situación migratoria irregular, pero en cualquier caso tiene que ofrecer un debido proceso, con oportunidad de apelar”.
“Y el punto fundamental para una agencia como ACNUR, es que si tú dices: ‘Yo salí de Colombia huyendo por mi vida, porque me amenazaron’, el gobierno de Venezuela tiene que parar inmediatamente” la expulsión, explicó, detallando que más de 200.000 colombianos se fueron a Venezuela huyendo del conflicto en su país, según estimaciones de 2007.
La vinculación de los ciudadanos colombianos con la escasez de productos en Venezuela, sumida en una grave crisis económica, e incluso las declaraciones políticas de una y otra parte, podrían explicar las deportaciones, según se desprende de entrevistas con los afectados, señaló Gottwald.
Edwin Peña, de 45 años, expulsado la semana pasada de Venezuela a pesar de ser solicitante de refugio, lo confirma. “El gobierno le ha dicho a la gente que allá no hay comida porque los colombianos se la roban”, entonces “están arbitrariamente sacándonos y robándonos, porque el dinero no lo dejan traer”, contó.
Peña, abordado una noche por dos policías venezolanos en la población fronteriza donde residía, ha perdido la tranquilidad. “Estoy en la misma situación que hace cinco años cuando me quitaron mis negocios y me desplazaron de Cúcuta”, dijo.
Tanto Peña, cuyo nombre también fue cambiado, como Beltrán han sido atendidos por los servicios migratorios de Colombia, que, según Gottwald, están desbordados.
“Tienen buena voluntad, quieren ayudar, pero si llegan autobuses con 200, 300 personas, hay un flujo masivo y no hay suficientes albergues, asistencia médica”, dijo Gottwald, para quien es necesario desarrollar una vía de atención en Colombia, con la que ACNUR está dispuesta a colaborar.
De las decenas de colombianos deportados, ACNUR estima que al menos 10% serían víctimas del conflicto, que en 50 años ha dejado oficialmente más de 220.000 muertos y 5 millones de desplazados.