La CIDH advirtió hoy al Gobierno colombiano de que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares deben de ser enjuiciadas por la Justicia ordinaria y no por tribunales castrenses, que, según sostienen diferentes organizaciones, dejarían impunes las ejecuciones extrajudiciales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró hoy en Washington una audiencia sobre las iniciativas del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para reformar la justicia penal militar, que permitirían a los tribunales castrenses juzgar delitos contra civiles cometidos por militares en servicio.
Esta iniciativa, con la que el Gobierno de Bogotá busca brindar seguridad jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas, ha sido duramente criticada por organizaciones, como Human Rights Watch (HRW), que consideren que la reforma dejaría impune las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de militares, conocidas como “falsos positivos”.
Al final de la audiencia, el comisionado José de Jesús Orozco recordó al Estado que la CIDH tiene “una fuerte posición” con respecto a este tema en todos los países de las Américas.
“Está prohibido juzgar violaciones de derechos humanos por la justicia penal militar, aún cuando fueran cometidas por militares en servicio activo”, advirtió Orozco.
“Teniendo en cuenta esto, me gustaría saber cuál es la posición del Estado a la luz del derecho internacional y el sistema iberoamericano de derechos humanos que establecen que las violaciones de derechos humanos no deben ser competencia de la jurisdicción militar”, añadió el comisionado.
El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrés González Díaz, respondió que las Fuerzas Armadas colombianas han tenido que afrontar problemas muy diferentes al del resto de América Latina, como la pobreza o las guerrillas que “creían que llegarían al poder por la violencia y no por el diálogo”.
A las ejecuciones extrajudiciales se refirió el consejero presidencial por los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, quien afirmó que “el Gobierno está siendo muy cuidadoso para que las violaciones a los derechos humanos, conocidos como falsos positivos, sigan en manos de la justicia ordinaria”.
En su intervención, en nombre de las cuatro organizaciones peticionarias, Alejandro Malambo, de la Comisión Colombiana de Juristas, defendió que la ampliación del foro penal militar “rompe todo tipo de garantías”.
Malambo puso de ejemplo la situación de un grupo de manifestantes que, si son golpeados por agentes antidisturbios durante una protesta, no podrán acudir a la Justicia civil, sino que tendrán que denunciar a los agentes ante tribunales militares.
“Esta reforma rompe el principio de independencia judicial. No se puede concebir que sean al mismo tiempo juez y parte. No se entiende que personas que han infringido el derecho penal humanitario sean juzgados por sus superiores, por gente del Ministerio de Defensa o militares retirados”, explicó Malambo.
Para los peticionarios, la ampliación del foro penal militar es “incongruente” con el fin de los 50 años de conflicto armado, pues creen que ampliar las competencias de los tribunales castrenses perpetuará el conflicto y no ayudará a reparar los derechos de las víctimas.
En 2013, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una ley para reformar el fuero penal militar con el argumento de que contenía vicios de forma, lo que obligó al Gobierno a presentar una nueva iniciativa, que la Cámara de Representantes de Colombia aprobó a finales del año pasado. EFE