Hace diez días, mi querida sobrina África acudió a un centro asistencial público, en la urbanización de El Paraíso. Tres horas después, le sobrevino la muerte, en una sala de emergencia, donde el oxígeno inmediato era la indiferencia del personal que allí labora, a último momento y ya tarde, trataron de atender el cuerpo inerte de una muchacha de 19 años que entró urgida de servicio médico, aunque caminando por sí misma. Esta experiencia la viven cientos de personas, que como África, no encontraron en la Red de Atención Pública, en este caso, un centro asistencial, respuesta a su necesidad de forma oportuna y efectiva, que en su caso, le salvara la vida, y que en otras personas no signifique menos en la gestión que realizan ante las entidades públicas.
Este caso, tocó directamente mis fibras emocionales, pues me quité la cachucha de Concejal, para ejercer como ciudadano, un derecho que me corresponde, que fue el de gestionar de la forma más digna, la consecución de los documentos pertinentes a la defunción de mi sobrina. Encontrándome de frente, con un sistema inerte, sin recursos, y con una atención en minusvalía respecto al conocimiento y trato de situaciones tan delicadas como la muerte. Me tocó como muchas veces ejercer como ciudadano, y poner en práctica lo que conozco por oficio, ponerme en los zapatos del otro, para que la tarea encomendada por la familia, pudiera realizarse con el menor desgaste posible. Sin embargo, pienso en las cientos de África que necesitan resolver cada día asuntos en los entes públicos y no encuentran soluciones oportunas, sino trabas y caminos verdes, que contribuyen al manejo inadecuado de la gestión que realizan los funcionarios.
El Código de Ética que rige nuestra actuación como empleados públicos en Venezuela, nos ordena que debemos “dedicar todos los esfuerzos para cumplir, con la máxima eficiencia y la más alta eficacia, la misión que nos esté encomendada”.
Además, nos obliga a “tratar a los ciudadanos y a los funcionarios públicos con absoluto respeto y con apego a la estricta legalidad, prestándole sus servicios y colaboración de manera eficiente, puntual y pertinente, sin abusar en modo alguno de la autoridad y atribuciones que le estén conferidas en ocasión del cargo que desempeñe”. Son dos normas basadas en el sentido común, pero de escaso cumplimiento, donde existen ejemplos de lo contrario; funcionarios que asumen su cargo, pensando que los vecinos y ciudadanos, deben brindarle pleitesía, para ejecutar el mandato de ley.
Tenemos la responsabilidad de rescatar la institucionalidad en todos los niveles. Comenzando con restituir el respeto, los buenos modales, y la respuesta diligente y oportuna hacia los ciudadanos, quienes cancelan los impuestos que pagan los sueldos del funcionario público. Eso no debe ser olvidado. El ciudadano es la razón del servicio público, por lo que se hace imperativo, dar respuestas que solventen las situaciones que se presentan en las comunidades cotidianamente.
Es un asunto de conciencia, de educación familiar, de moral, capacidad y entrega por lo que se hace. No hay excusa de sueldo o descontento laboral que permita que un funcionario maltrate al público. La mala atención de un funcionario no es solo un asunto de ética personal y de valores humanos, también de capacidades y capacitación, para ello el Estado debe invertir para motivar a realizar las labores conforme a la norma.
No sé si la historia de mi querida África hubiese sido otra si los empleados públicos hubiesen mantenido la actitud y las funciones que demanda su cargo, pero lo cierto es que es un lamentable ejemplo del mal servicio público y de las consecuencias que ello conlleva.