Un vistazo al manipulado juicio en contra del director nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, realizado por el periodista Ewald Scharfenberg publicado por el portal Armando.Info, que nos coloca en primera fila del Palacio de Justicia y nos revela las injusticias a las que se encuentra sometido el más importante preso de conciencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Aún falta mucho para saber si a fin de cuentas la prisión habrá templado el carácter de Leopoldo López del modo en que el cautiverio moldeó liderazgos como los de Nelson Mandela o Pepe Mujica. Lo que de momento queda claro es que un año en la cárcel militar de Ramo Verde, a unos 30 kilómetros al suroeste de Caracas, ha sido suficiente tanto para convertir al ex alcalde de Chacao (municipio del noreste del área metropolitana de Caracas) y dirigente del partido Voluntad Popular (VP) en una causa célebre internacional de los Derechos Humanos, como para catapultarlo al primer lugar de las preferencias entre los votantes de oposición en Venezuela, según revelan las encuestas, un sitial que disputa con el gobernador del estado de Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski.
El Gobierno, a través de la Fiscalía -a la que controla con riendas cortas-, atribuye a López la instigación de la oleada de disturbios que durante tres meses, de febrero a mayo de 2014, asoló a las principales ciudades de Venezuela y que solo se sofocó con un saldo de 43 muertes, más de 800 heridos y 3.000 detenciones. En particular, el Gobierno quiere demostrar que los discursos de López durante el lanzamiento del movimiento La Salida llevaron a unos jóvenes a iniciar un conato de incendio y causar daños en la fachada de la sede de la Fiscalía General de la República, en el barrio de La Candelaria, en el centro de la capital venezolana, el propio 12 de febrero, verdadero Día D de la insurrección callejera.
El caso llegó al Tribunal 28 de Juicio de Caracas. Su titular, Susana Barreiro, es una abogada joven, menuda, de pelo lacio y tez pálida, a la que se le hace difícil proyectar la voz en la Sala de Audiencias en el Palacio de Justicia de Caracas, un edificio levantado en los años 50 por la última dictadura militar que sufrió Venezuela y que de manera incompleta se intentó remodelar como sede de las cortes penales en los 90. Sobre la cara oeste del edificio, dos inmensas vallas con las imágenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro acompañan la consigna de “Chávez vive, la lucha sigue”, a la vez que siembran dudas más que razonables sobre la imparcialidad de la justicia que allí se imparte.
La sala que sirve de escenario para el juicio oral muestra, en cambio, un decorado magro, propio de una burocracia impersonal.
La circunscriben paneles de formica beige. Adheridos a ellos y manuscritos, varios carteles advierten sobre las reglas que los asistentes a la sesión deben observar. Dos cuadros, uno con Simón Bolívar y otro con el escudo nacional, dominan el recinto desde el fondo. A la entrada hay una primera área para el público, con bancos de iglesia donde se pueden acomodar veinte personas, cuando mucho. Luego sigue una segunda zona con bancos, de superficie apenas menor, para la decena de abogados de la defensa, que no es solo la de López, sino la de cuatro jóvenes, de entre 20 y 35 años de edad -Marco Coello, Christian Holdack, Ángel González y Damián Martín, todos detenidos durante los eventos del 12 de febrero-.
Al lado opuesto, los representantes de la Fiscalía, Narda Sanabria, Franklin Nieves y José Gregorio Foti. Los dos primeros llevan la batuta en el interrogatorio de los declarantes, que se sientan en un podio separado del salón por una baranda de madera. De Nieves se dice que está a punto de retiro, y que ha aceptado de mala gana este caso, una última cucharada de purgante antes del merecido descanso.
Como los abogados de la defensa y la propia juez, los fiscales van de toga negra, alguna con ribetes de color. La majestad que se pretende con la prenda se desvanece, sin embargo, con el aspecto de Sanabria, un compendio de los lugares comunes que se le achacan a la moda de las abogadas: zapatos de plataforma, una gruesa capa de panqué y el cabello teñido de rubio con reflejos.
Pero todavía hay más sobre la relatividad del tiempo: si al comenzar el proceso se daba largas al asunto –a veces transcurrieron dos semanas entre audiencias-, ahora se celebran tres audiencias a la semana, 120 horas al mes, a toda máquina judicial. El rumor es que se quiere condenar a López antes de que venza el período de postulación de candidatos a la Asamblea Nacional.
Con prisa o sin ella, la acusación no parece tenerlas todas consigo. En la audiencia anterior, su testigo estrella, una lingüista de la Universidad de Los Andes (ULA), Rosa Amelia Asuaje, traída desde Mérida (ciudad universitaria en la región suroeste-andina de Venezuela) para separar el polvo de la paja en el discurso de López y poner así en evidencia su llamado a la violencia, había dicho, tras repasar 80 horas de grabaciones de alocución del dirigente opositor, que no podía afirmar tal cosa. Para reducir los daños producidos por este inesperado gesto de honestidad de la profesional, luego la acusación promovería como perito experto al director de la policía judicial, José Gregorio Sierralta, que no tuvo pudor para asegurar que el discurso “agresivo y violento” de López manipuló a los jóvenes manifestantes del 12 de febrero de 2014.
De estos detalles apenas se entera la opinión pública, como no sea a través de los esporádicos boletines de prensa del Ministerio Público, siempre sesgados, y a pesar de los esfuerzos de los bien organizados familiares y allegados de López. Diversas señas indican que el caso ha perdido momentum para los medios. Los piquetes antidisturbios, los cortes de avenidas y, en general, las medidas de seguridad de los albores del juicio, se han relajado de manera ostensible.
Aún así, se trata del Monstruo de Ramo Verde, como el presidente Maduro se refiere a López. En noviembre pasado la policía política apresó en el barrio de La Candelaria (centro de Caracas, nada lejos del sitio del juicio) a un grupo de militantes de Voluntad Popular a los que acusó de planear un atentado con explosivos contra el Palacio de Justicia para liberar a López.
Además, el Gobierno no quiere que quede constancia de ningún discurso para la historia por parte de López. Para asegurarse de ello ha conseguido que la juez ponga toda clase de cortapisas con tal de impedir el acceso a un acto eminentemente público como lo es, por ley, un juicio oral. No se permiten ni periodistas ni representantes diplomáticos. No se puede tomar nota y quien quisiera tuitear, por capricho o necesidad, no podrá hacerlo pues todos los equipos electrónicos son incautados en la entrada.
Al padre del acusado, Leopoldo López Gil, le ha sido prohibida la entrada desde que en febrero los alguaciles del tribunal descubrieron que grababa la sesión con unas gafas de espionaje, que llevan cámara incorporada. Los familiares y los abogados del ex alcalde se quejan de que no pueden ver el registro en vídeo de las audiencias que lleva la corte.
Por cierto, durante la audiencia a la que este reportero asistió, de pronto la secretaria del tribunal descubrió que la cámara de vídeo oficial no funcionaba. Para entonces, ya Christian Holdack llevaba más de 20 minutos de una extensa declaración en la que relató las circunstancias en las que cayó detenido, el 12 de febrero de 2014, cuando fue a cubrir, como videasta, la marcha juvenil de la oposición. Su testimonio, con toda probabilidad, se perdió en el desperfecto electrónico.
López, que estudió en Harvard, apela a una parábola para responderle: “Acá en todas las audiencias la juez hace un receso como a las seis y media de la tarde para que los abogados y todas las partes puedan ir a buscar sus carros y los estacionen dentro del Palacio de Justicia”, empieza la analogía, mientras hace un paneo con sus ojos por todos los asistentes, como calibrando las reacciones que genera la imagen que utiliza. “Eso lo hace la juez porque sabe que el centro de Caracas es una zona peligrosa y quiere darle la oportunidad a los demás de que busquen su carro y para que no tengan que caminar en esta zona más tarde. Ahora bien, si alguien no le hace caso a la juez, y no va a buscar su carro y después lo asaltan, a nadie se le ocurriría atribuirle responsabilidad a la juez por ese asalto, aunque ella conocía los riesgos”.
Se asoma un Leopoldo López distinto al muchacho de mente despierta pero impulsivo que retratan algunos testimonios de colaboradores y adversarios, el joven de familia acomodada, caprichoso, que el oficialismo caricaturiza a veces como “predestinado desde la cuna para ser presidente”, pero otras demoniza como si de un curtido agente de la CIA se tratara.
En ese punto, los efectos presuntos del cautiverio en su personalidad del cautiverio, arranca el cuestionario que se le hizo llegar a su celda en Ramo Verde. La transcripción de sus respuestas, originalmente puestas sobre papel con la caligrafía nerviosa y, aún así, por demás legible, de López, aparece a continuación. Era el segundo intento. Al primero, el borrador de López quedó destruido tras una violenta requisa en su celda. En este, exitoso, el prisionero ha querido estampar, también manuscrito, un certificado de autenticidad al final del escrito, junto a su firma: “Esta entrevista la escribí en mi celda de la Cárcel Militar de Ramo Verde el 5 de marzo de 2015”.
Siga este enlace para leer la imperdible entrevista realizada por Scharfenberg a Leopoldo López