En algunas oficinas gubernamentales se ha puesto mucho empeño en la campaña para lograr recabar firmas en contra del decreto que aprobó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para sancionar a siete funcionarios venezolanos. Emprenden la tarea a costa del derecho de los trabajadores, presionándolos para que sellen su apoyo a riesgo de perder el salario y el empleo, publica La Verdad.
La ONG Provea confirmó el despido de un trabajador del Viceministerio para la Suprema Felicidad el pasado martes, cuando se negó a firmar la misiva a Obama. Fue la radicalización de una política en la institución, explica el vocero del grupo defensor de DDHH, Inti Rodríguez, que había comenzado antes con la discriminación y hostigamiento contra aquellos empleados que públicamente -a través de redes sociales- habían planteado posiciones disímiles con el oficialismo.
A la redacción de La Verdad también han llegado denuncias sobre presiones en dependencias de la Gobernación de Zulia, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Pequiven. “Nos dijeron que tomarán medidas contra quienes no firmen. Todos sabemos que con esta lista nos la clavan después”, contó un trabajador, quien teme que la negativa no solo traiga consecuencias en su bolsillo, sino que también reedite las consecuencias de la lista Tascón.
Los testimonios se repiten en la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Empresas Básicas de Guayana y el Ministerio de Hábitat. De esos despachos tienen reportes directos en la Unión Nacional de Trabajadores (Únete), advierte la sindicalista Marcela Máspero: “Los están presionando con suspenderles el salario si no apoyan la carta a Obama y la ley Habilitante. Se está socavando el derecho a mantener la disidencia”.
Lo niegan
El propio presidente Nicolás Maduro se ha puesto la meta de recabar 10 millones de firmas, mucho más de los votos que obtuvo en abril de 2013. La cifra es una vieja meta del chavismo, una bandera que el fallecido Hugo Chávez enarboló en 2010 y el actual mandatario retomó hace dos años cuando compitió por Miraflores.
El jefe del Parlamento, Diosdado Cabello, desestimó el pasado martes la supuesta intención del chavismo, de construir una data con los venezolanos más fieles al proceso revolucionario. “Aquí no hay lista Tascón y yo quiero aclararlo, esa es la lista Súmate, quien recogió las firmas fue Súmate y entonces después ellos (la oposición) para salirse del rollo le echaron la culpa a Luis Tascón de manera irresponsable”.
La Mesa de la Unidad Democrática emitió ayer un comunicado en el que denuncian que los venezolanos en el exterior también han sido cohesionados para plasmar su apoyo. Aunque no detallan en profundidad cómo se ha producido, afirmaron que emigrantes han recibido mensajes llamándolos a firmar. “Dada la experiencia de casos anteriores en los que se utilizaron esas listas con fines de chantaje político, con toda razón la comunidad de venezolanos en el exterior rechaza esta iniciativa, que puede convertirse en un mecanismo de presión indebida y de retaliación en caso de no atender esa invitación”.
Derechos cuidados
La MUD advierte que “no existe ninguna norma jurídica que les obligue a firmar una petición de tal naturaleza”. La posición la respalda el activista de Provea, Inti Rodríguez, quien dice que su organización se encuentra recabando los testimonios y las pruebas necesarias para presentar los casos ante las instancias correspondientes: “Nadie puede ser despedido por discriminación”.
Máspero advierte que llevarán las pruebas ante instancias internacionales, pues desconfía de los buenos oficios que en el área tengan el Ministerio del Trabajo, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. “Hemos decidido decirlo públicamente, porque muchas veces eso hace retroceder esas acciones”.
Únete, que nació como un sindicato afín al chavismo, rechaza que desde el Ejecutivo se hayan desestimado estas denuncias. Máspero dice que “probablemente nos dirán que somos de oposición, de la MUD… Pero tenemos la obligación de oir la voz de los trabajadores”.