He sostenido y lo sostengo que Venezuela está siendo objeto de un saqueo, por parte de funcionarios que vieron llegada su oportunidad para apropiarse del tesoro nacional. Pareciera que el país estuviese viviendo la decadencia moral de las sociedades que están en fases de cambio, donde pillos, arribistas y delincuentes de todo tipo se abalanzan sobre los fondos públicos para hacerse de ellos, lo más rápido que sea posible.
La consigna de moda es la actualización de aquella de un ministro del rey de Francia Luis Felipe cuando exclamó: “tengo una consigna, enriquézcanse”. Todo lo que sucedió en Venezuela anterior a 1999, es nada frente a lo que hoy atestigua el país. Los principios que hicieron florecer a la clase empresarial formada en el trabajo, el esfuerzo y la frugalidad se han trastocado para dar paso a la acumulación inmediata, a la rapiña, al contrato favorecedor y al tráfico de influencias. Limpios de solemnidad, hoy son flamantes empresarios sin haber arriesgado lo que no tenían. Todo su capital ha sido amasado como por arte de magia a la sombra del Estado, que es donde los nuevos ricos han encontrado su acogedor hábitat. El de antes era un empresario austero y comedido. El nuevo rico es suntuoso, vicioso y ostentoso. Que exhibe lo que nada le ha costado.
La comprensión de la nueva realidad empresarial en Venezuela pasa necesariamente por valorar adecuadamente los hilos de la distribución de la renta petrolera y sus mecanismos de transmisión por medio del gasto público. Por ello, la consideración de los instrumentos mediante los cuales los administradores de PDVSA asignan el gasto, sus pólizas de seguro y ejecutan sus contratos, es vital para aproximarse a la conformación de los nuevos capitales. Esto se hace más evidente desde la reforma de la Ley del BCV de junio de 2005, que le permitió a la empresa estatal de petróleos manejar más de la mitad de los ingresos por exportaciones sin rendirle cuentas a nadie. Hasta ese año, PDVSA debía consignar todas las divisas por exportación de hidrocarburos al BCV. Con el cambio de la ley se abrió de par en par la puerta a la corrupción. Ello es lo que explica las cuentas descubiertas en Andorra, Panamá y Suiza, entre otros destinos, mantenidas por ministros y ex ministros de Chávez y Maduro, todos ellas con alguna relación con contratos del Estado. Uno de los cargos favoritos de los corrutos de ahora es el departamento de tesorería, lugar propicio para capturar la renta petrolera transformada en bolívares.
Pero no es solamente eso. También lo es el latrocinio de funcionarios a cargo de la administración del control de cambios al favorecer a empresas de maletín. Cadivi antes y ahora Cencoex han entregado aproximadamente US$ 40.000 millones anuales para importaciones aunque buena parte de ellas nunca llegaron a las aduanas. Ahora, con los capitales en mano consolidan la internalización de sus negocios. Sobre esto no hay un solo investigado, menos todavía sobre las divisas que fraudulentamente entregó el SITME y el SICAD II, a través del BCV. Igualmente está el caso de ministros quienes usan aviones oficiales para viajes personales, llevando a bordo a toda su familia, la adjudicación de contratos a dedo, sin pasar por la licitación, el reparto de cargos en embajadas a familiares como si se tratase de bienes personales a ser distribuidos, para solamente mencionar algunas modalidades que el hampa de cuello rojo ha venido utilizando en Venezuela.