Emiten la Declaración de Panamá, dirigida a los gobernantes que asistirán a la VII Cumbre de las Américas, para que junto a la ONU y la OEA cooperen con el restablecimiento pleno de la democracia en Venezuela y para que cesen las persecuciones políticas
Los ex presidentes Nicolás Ardito Barletta, de Panamá; Oscar Arias, de Costa Rica; José María Aznar, de España; Belisario Betancur, de Colombia; Armando Calderón Sol, de El Salvador; Felipe Calderón, de México; Rafael Ángel Calderón, de Costa Rica; Laura Chinchilla, de Costa Rica; Alfredo Cristiani, de El Salvador; Eduardo Duhalde, de Argentina; Vicente Fox, de México; Felipe González, de España; Lucio Gutiérrez, de Ecuador; Osvaldo Hurado, de Ecuador; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Luis Alberto Monge, de Costa Rica; Mireya Moscoso, de Panamá; Andrés Pastrana, de Colombia; Sebastián Piñera, de Chile; Jorge Quiroga, de Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; Alejandro Toledo, de Perú; Álvaro Uribe, de Colombia; y Juan Carlos Wasmosy, de Paraguay, Julio M. Sanguinetti, Uruguay, se han dirigido a los actuales gobernantes que asisten a la Cumbre de las Américas, que se reunirá en Ciudad de Panamá durante los días 10 y 11 de abril próximos, para prevenirlos acerca del grave deterioro democrático y el derrumbe de la economía de Venezuela con afectación general del pueblo, sin distinciones de orden político.
En el documento que suscriben – Declaración de Panamá sobre Venezuela – bajo los auspicios de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que los reúne al efecto, los ex gobernantes reivindican los estándares de la Carta Democrática Interamericana, que obligan a todos los Estados y gobiernos y exigen de la democracia no sólo elecciones que deben ser justas y libres, sino la vigencia efectiva del Estado de Derecho, la separación de independencia de los poderes, el respeto a la prensa independiente y a la opinión disidente, y la garantía cabal de los derechos humanos.
Los mandatarios firmantes constatan con preocupación la denuncia por el gobierno de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos y su desacato reiterado, no solo de las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, sino del pedido expreso que le formula el pasado mes de noviembre el Comité contra la Tortura de la ONU, en el que se le pide poner en libertad a los presos políticos entre éstos a Leopoldo López, respetar la autonomía de los jueces y cesar en las torturas y la agresión de manifestantes, desarmar los grupos paraestatales militantes del oficialismo, y dejar de criminalizar la disidencia de opinión política. Consideran en su análisis, además, el apresamiento arbitrario e ilegítimo del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, autoridad de elección popular, por firmar junto a López y la diputada María Corina Machado, un manifiesto que denuncia al régimen de Nicolás Maduro por antidemocrático y pide soluciones constitucionales y democráticas para la crisis venezolana.
A los ex presidentes les resulta inaceptable la hegemonía comunicacional de Estado instalada en Venezuela y denunciada por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA; lo que ha llevado al cierre de medios de comunicación independientes, a la dosificación de papel periódico para provocar la censura o autocensura, al encarcelamiento incluso de twitteros y la estigmatización por funcionarios del Estado y los medios oficiales de toda persona que disienta del credo y las políticas gubernamentales.
La Declaración de Panamá señala que “la alteración constitucional y democrática que sufre Venezuela se profundiza, asimismo, en el plano de lo económico y social, en razón, por una parte, de los señalamientos y evidencias que suministran gobiernos e instituciones financieras internacionales sobre actos de corrupción y lavado de dineros agravados, que comprometerían a altos funcionarios y jerarcas militares venezolanos y, por otra parte, al constatarse el derrumbe de la economía venezolana, en la que si bien influye la caída internacional de los precios del crudo, sus dimensiones se explican en la ausencia de políticas públicas propias de una economía sana y moderna, que ha contribuido al señalado clima de corrupción y la dilapidación gubernamental de la riqueza nacional”.
En conclusión, los citados ex gobernantes democráticos de España y las Américas expresan su parecer ante los presidentes que se reunirán en la Cumbre de Panamá, en cuanto a que sería criminal reducir la apreciación de la crisis venezolana a una diatriba posterior entre el presidente Nicolás Maduro y el gobierno norteamericano por las denuncias de violaciones de derechos humanos y lavado de dineros procedentes del delito.
Advierten, antes bien, que la planteada realización de elecciones parlamentarias en los meses venideros ocurrirá en medio de un clima de persecución política de los opositores y de ausencia de separación de poderes, lo que reclama de una observación internacional autorizada, técnicamente calificada e imparcial. Urgen a la “corrección de los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes” en el país, proponen ayudar en la negociación de la crisis democrática venezolana, que reclama de amplitud pero “exige un liderazgo capaz de producir consensos democráticos, movilizar y asegurar un amplio apoyo político por la población”.
En fin, se muestran convencidos los expresidentes que concurren en la IDEA de “que la única posibilidad de restablecimiento de la democracia en Venezuela y de una efectiva garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de los venezolanos, pasa por el rescate del principio y sistema de separación de poderes, mediante la designación de sus titulares respetando las garantías democráticas representativa y participativa establecidas en la Constitución, de manera de asegurar su independencia y autonomía, comenzando por el Poder Electoral y a fin de que puedan asegurarse con imparcialidad, el desarrollo de elecciones libres y justas”.
Al efecto piden de la Cumbre de las Américas y a los Secretarios Generales de la ONU y la OEA aunar esfuerzos para construir una alternativa de solución a la grave crisis que sufre Venezuela con pleno respeto a los principios constitucionales y democráticos y a las normas internacionales de garantía de los derechos humanos. La puesta en libertad de quienes sufren prisión por sus ideas y actividades políticas así como el establecimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.
Panamá, 9 de abril de 2015.
(*) Iniciativa Democrática de España y Las Américas, IDEA, es un foro internacional no gubernamental Ad Hoc y de alto nivel, para la promoción, defensa y sostenimiento de la democracia como derecho de los pueblos, cuya Secretaria Permanente reside en Madrid y Miami