Por investigaciones que lleva a cabo el servicio contra el blanqueo de capitales de Estados Unidos se supo que varios mafiosos rusos usaban a bancos de ese país para lavar sus capitales y cuando las investigaciones avanzaron se descubrió que un grupo de venezolanos tenían fortunas, cuentas de varios millones de dólares en el Banco Privado de Andorra, cuya sucursal de Madrid fue intervenida.
Con el curo de las averiguaciones comienza a destaparse la cloaca y a emanar sus fétidos olores. Sucede entonces que varios ex ministros del presidente Chávez y también de Maduro aparecían como titulares de dichas cuentas millonarias. Que alguien con dinero bien habido tenga una cuenta en dólares no es delito. Lo que llama poderosamente la atención es que dos de los sujetos señalados fueron funcionarios de alto rango, que tuvieron en sus manos la asignación de contratos para el Metro de Caracas y fueron responsables de las importaciones de equipos eléctricos cuando éstos se trajeron masivamente durante 2010 y 2011. Otro de ellos es el beneficiario de las pólizas de seguros y reaseguros de PDVSA y de quien se dice tiene una relación de parentesco con Rafael Ramírez, ex ministro de Energía y Petróleo y ex presidente de PDVSA.
Uno se los señalados tras la intervención del Banco Privado de Andorra, obtuvo un “contrato de asesoría oral” con la empresa Duro Felguera de España por 50 millones de euros. Duro Felguera obtuvo muchos contratos del gobierno venezolano. Otro, que ocupó la dirección de los servicios de inteligencia de Venezuela, tiene registrada una empresa en España y de un capital inicial de 5.000 euros para constituir la firma, tres años después su capital era más de 5.000.000 de euros.
Las autoridades españolas han proseguido las huellas que han dejado estos capitales de dudoso origen. Sin embargo, en Venezuela la Fiscalía pareciera que no se ha enterado del caso. La explicación de esta falta de diligencia reside en el estado de postración moral en que se encuentra el país con una justicia que sirve únicamente para perseguir y condenar a opositores pero jamás para aplicar la ley ni menos para investigar a los magnates de Andorra.