A las empresas se les agota el tiempo. La cuenta regresiva que echó a andar el fallecido presidente Hugo Chávez el 30 de abril de 2012, cuando promulgó, vía Ley Habilitante, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt), está a punto de llegar a cero. Diario El Tiempo
El próximo mes de mayo, la primera disposición transitoria (contenida en la ley) que otorgó a instituciones, públicas y privadas, un plazo no mayor a tres años, “a partir de la promulgación” del texto legal, para absorber a sus trabajadores tercerizados está a punto de expirará.
Las cosas están así: a principios de marzo, voceros del gobierno aseguraron que en mayo la tercerización ya no existirá en el país, pero no revelaron detalles del proceso de incorporación en nómina de los que Chávez llamó “esclavos del siglo XXI”.
“Para antes del 1º de mayo de este año, en Venezuela no debe existir ni un solo trabajador tercerizado”, dijo durante el acto de rendición de memoria y cuenta de su gestión parlamentaria el presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN) y miembro del Consejo Superior del Trabajo, instancia que se creó tras la aprobación de la ley, el diputado Oswaldo Vera.
Quienes, posterior al plazo previsto, no se hayan plegado a la normativa, serán sancionados con fuerza, añadió el parlamentario.
Chávez estaba convencido de que con la Lott, que derogó la Ley Orgánica del Trabajo del 19 de junio de 1997, el monstruo de la tercerización sería derrotado y los trabajadores, respectivamente, libres, “asociados a la patria, conscientes y no alienados,explotados y esclavizados por un patrón”.
Opacidad
Pese las alentadoras proyecciones de Vera (la tercerización acabará en mayo), hay incertidumbre. Especialmente, porque el proceso de absorción de trabajadores contratados bajo esa modalidad que empresas públicas y privadas han estado ejecutando en los últimos tres años desde que se aprobó la legislación ha sido opaco.
No hay cifras oficiales disponibles que muestren claramente cuántos trabajadores tercerizados han sido absorbidos, ni tampoco cuántos faltan por ser incorporados en nómina. Tampoco hay registros que indiquen cuánto ha costado (en bolívares) a las empresas y particularmente al Estado, que según el Movimiento Laborista concentra 80% de los tercerizados del país y para algunos especialistas incluso un poco más, ponerse a derecho.
Los datos más recientes están en la Memoria y Cuenta 2014 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (Mpppst).
El documento indica que “en la lucha por la erradicación definitiva de la tercerización o simulación de la relación laboral”, se hicieron (en 2014) 843 inspecciones en diferentes centros de trabajo, ubicados en el territorio nacional y se lograron insertar como empleados de nómina fija en diferentes empresas 22.150 ciudadanos.
Aunque el despacho laboral detalló en su informe anual que para contribuir en la eliminación de la tercerización en empresas, públicas y privadas, elaboró un diseño que permitió “estandarizar e implementar un procedimiento efectivo para calificar cuántas empresas están incursas en tercerización o fraude y el número de trabajadores afectados”, no especificó cuántas instituciones (públicas y privadas) aún practican la también conocida como simulación laboral.
El Tiempo intentó contactar a voceros del Mpppst, para obtener más información respecto al proceso de absorción de tercerizados en los últimos años y hasta el presente, pero no obtuvo respuesta oportuna.
A principios de marzo, algunos líderes sindicales de las universidades públicas del país, de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) dieron cifras estimadas de cuántos trabajadores tercerizados quedaban por ser absorbidos por el Estado venezolano: en total rondan los 40 mil.
No bajaron, aumentaron
El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, Gas, Similares y Derivados de Venezuela (Futpv), José Bodas, dijo que el problema específico de la estatal petrolera es que en vez de eliminar las contrataciones de empleados bajo la figura de tercerizados, las ha aumentado en los últimos años.
“Vemos con mucha preocupación cómo se incrementan los tercerizados. El problema es que las contratistas, muchas veces, tienen relación con la alta gerencia de la empresa. Si se incorporan los tercerizados todos ganamos, es mucho más barato para Pdvsa, pero pierden las empresas contratistas y por eso no lo hacen. Yo he informado esta situación, la he pasado por escrito, pero hasta ahora no ha habido respuesta”, afirmó Bodas.
Tanto la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), como la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) dijeron a El Tiempo no poseer datos referentes a la tercerización en el sector privado nacional.
Defectos de fábrica
La Lottt nació defectuosa, pensada para solucionar problemas que el mismo gobierno que la promulgó ya había ocasionado. Así lo cree la especialista en Derecho Laboral, Desirée Bujanda.
Bujanda y otros especialistas coinciden en que la primera, y quizás la más notoria, de las fallas del texto legal, que ha sido ampliamente discutido en los últimos años, es que distorsionó el significado universal de tercerización.
“La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, promulgada por el Ejecutivo y no por la Asamblea Nacional, define absurdamente la tercerización”, arguyó en un artículo publicado por la Fundación Centro Gumilla en 2012, el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y consultor en cooperativismo y responsabilidad social, Óscar Bastidas.
En su artículo 47 la Lottt define la tercerización como “la simulación o fraude cometido por patronos o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral”.
En cambio, Bastidas explicó que “la tercerización u outsourcing es hablar de proveedores de una empresa, del aporte en trabajo y servicios mediante un contrato comercial que permite a una organización prestar servicios o realizar procesos a favor de otra”.
Bujanda coincidió: “Hay diferencias entre simulacro o fraude laboral y tercerización”. Agregó que, en general, todas las empresas, sean del tipo que sean, necesitan contratar con los servicios temporales de otras instituciones que están más capacitadas para brindarles apoyo en ciertas áreas específicas. Consideró que la “satanización” de la tercerización creó una complicación innecesaria.
La especialista aclaró que no es falso que por muchos años empresas, públicas y privadas, intentaron burlar las normas laborales haciendo uso de intermediarios y otros ilícitos, pero explicó que, al menos en parte, el problema lo creó el mismo gobierno nacional al estimular la formación a cooperativas que nunca funcionaron y prolongar la inamovilidad laboral y otros controles.
Bastidas lo pone así: “Imposible negar el fraude y la simulación laboral que las empresas del capitalismo estatista salvaje y algunas del capitalismo también salvaje impusieron mediante la tercerización. Tampoco puede negarse que numerosos contratos fueron firmados de buena fe y proporcionan beneficios muy superiores a los de un trabajador en dependencia”.
Para el profesor universitario el “absurdo mayor” fue conceder un lapso de tres años para que eso que el gobierno llamó fraude se ajustara a la ley, “¿no equivaldría a permitir que un violador continúe su faena?”, se cuestionó.
El especialista explicó que si la intención del gobierno fue, efectivamente, acabar con las fallidas cooperativas impulsadas por el régimen mismo, con los artículos 47, 48 y 49 de la legislación, la acción resultó “un tiro por la culata” porque, a luz de la Constitución Nacional (CN), tal cosa no es posible.
¿Ahora qué?
Trabajadores están a la espera de que el primer mandatario nacional se pronuncie y aclare cuáles serán las reglas del juego después de vencido el plazo para la eliminación de la tercerización.
“Miramos con muchas expectativas los anuncios que pudiera dar en este sentido el presidente de la República, Nicolás Maduro, el próximo 1º de mayo (Día Internacional del Trabajador), que irían a reforzar esta medida prevista en la ley”, dijo a principios de marzo, Vera.
Bujanda explicó que, por ahora, lo único que es seguro es lo que está escrito: a partir del próximo mes de mayo el término tercerización desaparecerá del vocablo loboral (por cuanto está expresamente prohibida su práctica en la legislación) y el único término y relación válida que podrá establecer una empresa con otra de la que requiera algún servicio es una contratación; es decir, la persona jurídica que requiera el servicio acudirá a una contratista para obtenerlo.
Según el artículo 49 de la Lottt “son contratistas las personas naturales o jurídicas que mediante contrato se encargan de ejecutar obras o servicios con sus propios elementos o recursos propios, y con trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia”.
Bujanda aclaró que, de acuerdo a lo establecido en la Lottt, una empresa podrá contratar los servicios de otra si, y sólo si: el personal contratado no realiza actividades permanentes dentro de las instalaciones relacionadas con el proceso productivo de la persona jurídica que solicita los servicios; la contratista usa sus propios equipos; y no hay intermediarios ni procesos fradulentos destinados a simular una relación de trabajo que no existe.
Plazo en discusión
Hay confusión. No está claro cuando vencerá el plazo para que la tercerización sea eliminada definitivamente.
Aunque la Lott aclara que “en un lapso no mayor de tres años a partir de la promulgación de esta Ley, los patronos y patronas incursos en la norma que prohíbe la tercerización, se ajustarán a ella”, y la normativa fue promulgada el 30 de abril de 2012; hay quienes aseguran que, por cuanto el documento circuló en Gaceta Extraordinari N° 6.076 del 7 de mayo de 2012, la disposición transitoria expirará ese día.